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EDITORIALDos años de retraso Todos, sin excepción, deben respetar el procedimiento legal establecido en la discusión y ratificación del TLCLa violencia, el obstruccionismo y la estrategia de lo imposible solo contribuyen a agravar los problemas del país El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, y la viceministra de la misma cartera, Amparo Pacheco, han iniciado una serie de reuniones con diputados, dirigentes políticos y de de organizaciones sociales, representantes de la Iglesia Católica y con otros sectores del país sobre el Tratado de Libre Comercio con EE. UU., Centroamérica y República Dominicana, objeto de estudio y refrendo en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. Esta ronda de conversaciones oficiales se efectúa con dos años de retraso por cuanto, aprobado el TLC por Costa Rica, en enero del 2004, de pronto el presidente Pacheco y su equipo se convirtieron, por temor a los grupos de presión, en sus principales obstáculos, mientras los demás países centroamericanos, en una situación política y social mucho más compleja que la nuestra, han tomado la delantera. Nuestra posición es, por lo tanto, en extremo comprometida no solo por el avance de los demás socios en este empeño común, sino por sus consecuencias en el orden económico y social, en particular de los sectores más necesitados del país. De aquí que si, frente al TLC y en estas circunstancias, cabe el argumento del patriotismo es precisamente ahora, no para entorpecerlo, sino para tomar decisiones sin tardanza orientadas al bien común. Debe quedar claro, entonces, quiénes defienden el TLC, dándole la relevancia que merece la agenda complementaria, que, por años, se ha desdeñado y de la que no nos podemos escapar; quiénes impugnan este tratado con razones respetables, quiénes lo rechazan al calor de intereses políticos o ideológicos o quiénes levantan una bandera de falso patriotismo para justificar o disimular graves yerros políticos pasados. Unos y otros han participado y participan en este debate. Todos, sin embargo, tienen, en su calidad de ciudadanos de un país regido por leyes, una obligación irrenunciable: el respeto inquebrantable al procedimiento democrático y al ordenamiento jurídico. La diversidad de criterios remite, por principio, a este denominador común. Desde este punto de vista, nos complace la posición expresada reiteradamente por los principales dirigentes políticos sobre el rechazo de todo tipo de violencia en este proceso y el respeto al procedimiento legislativo. En esta materia, el aporte de la Conferencia Episcopal y de otros líderes religiosos debe ser esclarecedor y explícito. En cuanto al grupo de dirigentes sindicales opuestos al TLC, su actitud, más afín, como se ha demostrado, a los planteamientos de los sindicatos y de algunas ONG de EE. UU., debe armonizarse con el interés nacional. La llamada democracia callejera, que conduce a la violencia y a la violación de los derechos de los habitantes, es una aberración moral y política. Los extravíos de la tristemente famosa reunión político-sindical en el teatro Melico Salazar, aupada por expresidentes de la República, no deben repetirse. La animadversión personal o electoral debe ceder su campo a la grandeza de espíritu y a la promoción del interés público, esto es, al patriotismo auténtico. La tramitación del TLC está centrada, por mandato constitucional, en la Asamblea Legislativa. La comisión respectiva y el plenario deben seguir fielmente el procedimiento, y los diputados deben ejercer libremente sus potestades. No basta, sin embargo, la devoción al procedimiento. Debe procederse con respeto, pero con premura, tanto en la tramitación del TLC como en la puesta al día y aprobación de la agenda complementaria. Bien está dialogar y debatir, pero se debe decidir y, más importante aún, actuar.
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