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En Guardia Jorge Guardia Quirós jguardia@nacion.com Un hombre ayuno de carácter entregó a su compañera un documento en el que se obligaba a casarse con ella. Ella, preñada de esperanzas y preocupaciones, se lo devolvió diciendo: 'no seás pendejo. Si de veras me querés, vamos de una vez donde el cura...'. Otros hombres ayunos de carácter, pretenden ahora reformar la Constitución para obligarse (o que la Sala los obligue) a financiar la educación. Por favor, no sean... así. Si en verdad se preocupan, no pierdan tiempo en reformas innecesarias y establezcan de una vez los recursos y las bases para mejorar el gasto educativo. La Carta Magna no es la culpable de la baja escolaridad. El frío no está en las cobijas. Es absurdo pensar que la Constitución prohíbe financiar la educación. Simplemente, garantiza un mínimo, equivalente al 6% del PIB. Es válido, por tanto, aumentar el presupuesto actual. El problema no es legal ni constitucional, sino fiscal. Hacienda no gira más porque carece de suficientes recursos (o se los gasta en otras cosas). Si se corrigiera lo fiscal con nuevos recursos o reordenando el gasto público (lo que ningún Gobierno, incluyendo el actual, ha pretendido hacer), no habría que reformar la Constitución. Y, si la reformaran sin arreglar, primero, la hacienda pública, caería en el rancio problema del gasto obligatorio sin la correspondiente dotación de recursos. Más trabajo (y zozobra) para la Sala Constitucional. Siendo el problema fiscal, deberían empezar por verificar, primero, si el gasto en otras actividades se justifica plenamente, o si se puede corregir el despilfarro. Luego, pensar en aumentar impuestos. Y aquí, de nuevo, deberían usar una zaranda fina para decidir. Si la idea es gravar la clase media y no los ricos, como pretende el plan fiscal, la cosa está mal. Por eso, hacen bien los nuevos diputados socialcristianos en oponerse a la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo al plan fiscal, para no atropellar un proyecto descomunal por la vía rápida. Más rápida resultó Lorena Vázquez, a la vanguardia del PUSC. Evidentemente, está en guardia. Destinar tiempo y recursos a reformar la Constitución es una burda excusa para evadir los problemas de fondo. Estudiantes y padres de familia tienen derecho a exigir que los recursos se gasten eficientemente y mejoren la calidad y resultados de la educación. La experiencia con los 200 días (y el sobresueldo) no ha sido convincente. Antes de reformar la Constitución e imponer impuestos, deberán demostrar previamente cómo piensan utilizar los nuevos recursos y cómo van a evaluar los resultados. Aquí tiene Leonardo Garnier una valiosa oportunidad para lucirse.
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