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EDITORIALSinsentidos públicos Cuando en una convención colectiva se incluyen cuatro horas mensuales para gestiones familiares de los empleados públicos, la fantasía desborda el buen juicioY, cuando se da libre y pagado el día de cumpleaños, una convención colectiva pierde su razón de ser La copiosa información, en estos años, sobre los privilegios o fueros especiales en algunas instituciones públicas no fructificaron, en beneficio de los contribuyentes o de los usuarios. Por el contrario, se aprovecharon hasta las últimas semanas de la administración anterior para aprobar convenciones colectivas, a sabiendas de sus desmesuradas sinecuras contrarias al principio de equidad. Ni siquiera las sentencias de la Sala Constitucional en este sentido han servido, al parecer, para poner coto a este favoritismo, tal como lo hemos expuesto en diversos comentarios editoriales. El hecho de que, no obstante la sinrazón e injusticia de estos privilegios, el Gobierno anterior y algunas entidades no hayan tenido recato en seguir otorgándolos u homologándolos, pone de manifiesto cuán arraigada se encuentra esta desviación de las funciones públicas en nuestro país y cuánto temor suscitan los grupos de presión. Este es el caso de la negociación de la convención colectiva de la Imprenta Nacional por un costo de ¢75 millones, así como los nuevos beneficios incluidos en la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por ¢228 millones. Cabe destacar que, en lo tocante al INS, su presidente ejecutivo, Guillermo Constenla, ha sido claro en cuanto a eliminar todo abuso en esta materia en las negociaciones futuras. Esta debe ser una norma general. En lo tocante a Recope, se aumenta de ¢4 millones a ¢6 millones el aporte para la compra de medicamentos que no tenga la CCSS. Nada más justo y razonable que los asegurados no padezcan las carencias de esta institución. Sin embargo, una convención colectiva, favorable solo a un grupo de trabajadores, no es la vía para corregir las deficiencias de la CCSS. En cuanto a la Imprenta Nacional, la convención colectiva costará ¢75 millones anuales; en ella figuran cláusulas sorprendentes, como un aumento del 15 por ciento de los salarios por la naturaleza de sus funciones, que exigen seguridad, discrecionalidad, confidencialidad y confiabilidad. Habría sido más transparente aumentar los salarios que recurrir a motivos comunes a toda la administración pública. No es aceptable tampoco forzar una convención colectiva a tal punto que se otorgan, como en esta, cuatro horas mensuales, no acumulativas, para hacer gestiones familiares, un día libre y pagado para el cumpleaños, y una oficina para la sección de ANEP. Esta convención, con estas singulares cláusulas, fue homologada por el Ministerio de Trabajo, el 3 de febrero pasado. Se requiere una buena dosis de imaginación para formular estas peticiones y un extraño sentido de la responsabilidad y del interés público para que las autoridades las hayan aprobado sin oposición alguna. Obviamente, esta no es una situación esporádica. Las convenciones colectivas abundan en despropósitos como los citados que, como sabemos, pasan a la cuenta de los contribuyentes. ¿Cómo, durante tanto tiempo, se han venido negociando convenciones colectivas tan costosas para los contribuyentes o los usuarios de los servicios públicos, y tan evidentemente injustas, y por qué en su tramitación no ha habido resistencia de parte de los jerarcas o de las juntas directivas? Es esta una pregunta que desafía el sentido común. El problema es precisamente que el sector público ha estado repleto de sinsentidos parecidos, como la llamada tramitología o el clientelismo político, denunciados y sufridos diariamente, sin que haya aparecido el gobernante dispuesto a ponerle el cascabel al gato. La tarea es inmensa.
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