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"Cooperación" ambiental El Estado tutela los recursos naturales, libre de injerencias indebidas e informalesFreddy Pacheco fpacheco@una.ac.cr Catedrático UNA Con inocencia infantil, autoridades gubernamentales de países como Costa Rica han ido involucrándose, hasta límites cuestionables, con organizaciones supuestamente conservacionistas que acuden en su "auxilio" para ayudar a detectar, identificar y preservar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de sus territorios. Se trata generalmente de organizaciones "sin fines de lucro", "independientes" y que dicen buscar la protección ambiental, a partir de una posición altruista merecedora de los más grandes reconocimientos oficiales por su infinita bondad. En algunos casos se trata en realidad de entes vinculados a corporaciones y Gobiernos extranjeros interesados en preservar para sí, cual si se tratara de un "seguro de vida", valiosos recursos naturales que podrían serles vitales en el futuro. Agua potable, plantas e invertebrados con potencial industrial o médico, recursos forestales, recursos pesqueros, hidrocarburos, metales, etcétera, que, mediante el ingenioso mecanismo del discurso ambiental ligado a la conservación, pasan generalmente a ser administrados por fundaciones, fideicomisos, asociaciones, empresas mixtas, etcétera. Campañas de fachada. De esta manera, después de garantizar su conservación gracias a la complicidad de los contratados para prestar sus nombres en los países en que actúan, desarrollan campañas orientadas a levantar sus imágenes públicas, y ocultan en muchas ocasiones que sus fuentes de financiamiento provienen a veces de corporaciones con lamentables historiales en el campo ambiental. Como no son extrañas a Costa Rica, llamamos la atención del Ministerio del Ambiente y Energía, así como de otros entes de gobierno, local y central, para que sean muy cuidadosos con programas que se dicen dirigidos a la "consolidación" o creación de áreas de protección natural. La riqueza mayor de los costarricenses, sus recursos naturales, ha de mantenerse bajo la tutela del Estado, libre de injerencias indebidas e informales. En fin, las decisiones en este campo han de sustentarse, siempre, en el interés nacional, como parte del proceso de desarrollo sostenible que ha de marcar nuestro destino.
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