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Sala de Redacción Peligra paz con paramilitares en Colombia Por Javier Baena 11:15 AM hora local Bogota (AP). La Corte Constitucional (CC) eliminó importantes beneficios jurídicos a más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron en los últimos tres años y desencadenó una crisis en el proceso de paz con esos grupos ilegales. Esta sentencia es un golpe mortal para la paz del país, advirtió el viernes el ex jefe paramilitar Ernesto Báez, uno de los que negociaron con el gobierno la desactivación. Dio al traste con los instrumentos esenciales que motivaron a más de 30.000 combatientes a dejar las armas y cierra cualquier expectativa de reconciliación con los grupos que insisten en levantarse en armas, agregó el dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la confederación de esos grupos ilegales que firmó la paz con el presidente Alvaro Uribe en el 2003. El Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, se declaró perplejo y preocupado por las consecuencias de la sentencia. Esta ley no fue promulgada para obtener el sometimiento, sino para alcanzar la paz en Colombia, comentó Pretelt. El proceso de paz permitió desactivar la mayor parte de esos grupos de ultra derecha que hasta abril entregaron unas 17.000 armas, según cifras del Alto Comisionado para la Paz. Uribe ha destacado la importancia para el país de este proceso pacificador, aunque está plagado de críticas y dudas. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido que varios paramilitares supuestamente desmovilizados siguen operando. En el fallo del jueves, adoptado con cinco votos a favor y tres en contra, la CC dispuso que como la Ley de Justicia y Paz no es un indulto, aquellos crímenes cometidos antes o aparte de las AUC no reciben las penas reducidas de entre 5 y 8 años que contempla la norma. Los votos en contra querían anular totalmente la ley, según el comunicado de la CC. Jaime Córdoba, presidente de la Corte Constitucional explicó que se abre así la posibilidad de que las víctimas o sus familiares puedan informar a la Fiscalía de hechos (delictivos) de los que tengan conocimiento para que no queden impunes. Para evitar que las víctimas queden desguarnecidas y sin reparación se deberán utilizar los bienes adquiridos legal e ilegalmente por los paramilitares, explicó. En su campaña contra la guerrilla los paramilitares desalojaron y se apoderaron de grandes extensiones de tierras y no tienen intención de devolverlas ni el gobierno instrumentos para obligarlos, según los grupos humanitarios que impugnaron la ley. La resolución impide deducir de las penas el tiempo que los paramilitares estuvieron en zonas de concentración y anula todos los beneficios para los combatientes que omitan confesar algún crimen cometido. La versión original permitía a un acusado recurrir a la ley cada vez que se hallara una nueva imputación en su contra. Báez informó que el jueves hubo una reunión entre Pretelt y los jefes paramilitares en la que ratificamos nuestra decisión de reparación a las víctimas, nuestro compromiso de contar la verdad de lo ocurrido en los últimos 25 años. La especialista en Colombia de Human Rights Watch, María McFarlan, dijo a la AP que el fallo era previsible porque la ley violaba todos los estándares internacionales de la justicia. Elogió el fallo porque los paramilitares estarán obligados a decir la verdad, la verdad sobre los desaparecidos. Obviamente están molestos porque querían salirse con la suya.
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