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EDITORIALContenida esperanza en Haití El futuro de Haití se ve hoy mucho mejor que en cualquier momento de esta década. Un nuevo presidente, René Préval, elegido en comicios libres y razonablemente normales, asumió el poder el pasado domingo, con un mensaje de unidad, reconstrucción democrática, crecimiento y justicia. Pocas semanas antes de su toma de posesión, el 21 de abril, se celebró la segunda vuelta de las elecciones legislativas, con muy baja participación, pero total tranquilidad y transparencia. Tras ellas, su partido, Lespwa (Esperanza), eligió 11 de los 30 escaños del Senado y casi la mitad de los 97 de la Cámara Baja. Aunque no logró mayoría absoluta, se consolidó como la primera fuerza política nacional y quedó en buenas condiciones para forjar alianzas conducentes a una mayor gobernabilidad. La oposición, por su parte, ha manifestado disposición a colaborar con el nuevo gobernante. La comunidad internacional, encabezada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Anan, no solo ha reiterado su complacencia por el retorno del país a la democracia; también ha ofrecido ayuda para el desarrollo. Esta confluencia de factores ciertamente abre justificados motivos para la esperanza. Sin embargo, frente a los monumentales problemas de toda índole que afronta el país, el gran desafío de Préval y todos los haitianos será cómo convertir rápidamente estos importantes -pero también débiles- avances democráticos e institucionales en acciones eficaces para que Haití pueda comenzar a andar por la escarpada ruta de su desarrollo. La principal tarea inmediata, por supuesto, es política: lograr los acuerdos que permitan tomar decisiones para abordar los desafíos de fondo. El primero es el de la violencia. Por ejemplo, horas antes de la juramentación presidencial, se produjo un motín en una de las principales cárceles haitianas; además, las pandillas controlan varios barrios en las principales ciudades, y las fuerzas policiales no tienen capacidad para imponer cierto orden. Al menos hasta agosto, Préval contará con la ayuda de la fuerza de "estabilización" de la ONU; sin embargo, ni siquiera este contingente ha podido controlar plenamente la situación. El virtual colapso del sistema de justicia, directamente vinculado con la epidemia de violencia, es otro reto inmediato. Por algo, el diplomático chileno Juan Gabriel Valdés -quien el martes terminó su período como representante de las Naciones Unidas en Haití- instó a una reforma urgente del Poder Judicial. A todo lo anterior se suman los problemas de desempleo, ínfimos ingresos personales, alta mortalidad, falta de servicios de salud y educación, mínima inversión en infraestructura, depredación ambiental y una de las peores desigualdades del mundo. Es decir, un panorama casi dantesco, del que emerge una conclusión elemental: aunque la principal responsabilidad de salir adelante corresponde a los haitianos, será imposible lograrlo sin una amplia, inteligente y bien administrada cooperación internacional; es decir, si las promesas hechas hasta ahora no se convierten en pronta realidad. En esto también fue muy claro Valdés al decir que solo una afluencia inmediata de ayuda externa permitirá al Gobierno crear empleos y mejorar la seguridad. Además, solamente con condiciones que estimulen las inversiones en proyectos productivos será posible sentar las bases para el crecimiento de la economía, sobre el cual logren sustentarse a mediano plazo los programas de inversión pública y acción social. ¿Tareas imposibles, las anteriores? Si repasamos la atribulada historia de Haití, tal podría ser la conclusión. Sin embargo, si ponemos en su justa dimensión los éxitos políticos recientes y la madurez que, a pesar de su aguda crisis, han puesto de manifiesto tantos sectores del país, también hay razones para una apuesta positiva. Los haitianos la merecen, y tanto sus dirigentes políticos como las organizaciones internacionales y los países ricos deben responder en consecuencia.
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