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INS hizo millonarios pagos irregulares a corredor británico Anomalías fueron detectadas en póliza de reasegurosdel ICESin recuperar $115.000 girados a reaseguradora en quiebra en el 2001 Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com El Instituto Nacional de Seguros (INS) desembolsó $544.000 (¢276 millones) en sobrepagos y giros sin comprobante al corredor británico de reaseguros PWS. Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República tras revisar el manejo financiero de la póliza de reaseguros U-500, que cubre la infraestructura del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La Contraloría asegura que estos giros a PWS "reflejan un descuido por parte del Instituto Nacional de Seguros en la negociación, colocación y control de los pagos relacionados con el reaseguro de la póliza U-500". Hasta el 2005 PWS fue el principal corredor encargado de colocar la póliza del ICE en compañías reaseguradoras internacionales. Según consta en el informe DFOE-FEC-11-2006 del 9 de mayo anterior, el Instituto lleva cinco años sin recuperar $115.000 adicionales (¢58,4 millones) de la póliza U-500, que colocó en la reaseguradora inglesa Independent Insurance Co. Ltd, declarada en quiebra desde el 2001. Para terminar, el informe cuestiona que en ese mismo año PWS hiciera cobros por $489.500 sin que el INS haya podido determinar a la fecha si proceden o no. Intermediario cuestionado. El caso reviste un interés especial porque PWS es el mismo corredor que meses atrás reconoció haber inflado -a pedido del INS- la póliza del ICE para crear un fondo discrecional de $1,6 millones. Supuestamente, el dinero acumulado en ese fondo entre 1997 y el 2002 era para costear viajes y capacitación de los funcionarios del INS y el ICE . El dinero estaba cargado a una tarjeta corporativa de PWS. No obstante, la aseguradora costarricense alega que no existe rastro de la salida ni del destino final de esos recursos. Desde el 2001 el Ministerio Público investiga si parte de ese dinero fue usado por funcionarios del INS para viajes irregulares al extranjero, entre ellos un safari por Suráfrica, que no tendría ninguna relación con cursos de capacitación en reaseguros. Actualmente el INS trabaja con la firma de abogados inglesa Lovells para determinar si funcionarios del INS o del ICE recibieron pagos indebidos por parte de PWS. Desglose. En cuanto a los sobregiros y los pagos sin respaldo, la Contraloría cuantificó un monto cercano a los $544.000. Al desglosar esa cifra se confirma que el INS le pagó $20.285 en exceso a PWS para el período de renovación de la póliza del ICE que va de marzo del 2000 a setiembre del 2002. Lo mismo ocurrió para el lapso marzo 2002-marzo 2003, cuando el INS desembolsó $196.714 de más. En el informe, la Contraloría concedió 15 días a la junta directiva del INS para que ordene "la recuperación inmediata de las sumas pagadas en exceso por el INS al intermediario de reaseguros PWS". Los $326.971 restantes corresponden a desembolsos realizados por el INS entre marzo del 2000 y setiembre del 2002 sin que existan notas de cobertura o respaldos que justifiquen los giros a favor del corredor. Las notas de cobertura son documentos formales en los cuales se detalla lo convenido entre el INS y las reaseguradoras; allí se incluyen los plazos y las primas a pagar. Sobre esta última cifra, la Contraloría pidió a la junta directiva que se investigue si el pago a PWS fue procedente. El nuevo presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla Umaña, conoció los pormenores de la investigación de la Contraloría el jueves anterior. La Nación intentó consultarlo sobre este asunto desde ayer a las 2 p. m. No obstante, el funcionario no se refirió al asunto en toda la tarde porque estaba presidiendo la sesión de junta directiva del Instituto. En la noche se intentó localizarlo en su teléfono celular, pero el aparato permaneció apagado entre las 7 y las 9 p. m. Últimas peticiones. La Contraloría giró instrucciones al Instituto para que en las investigaciones de la póliza U-500 se valoren "las eventuales responsabilidades por los pagos en exceso al reaseguro". Los resultados deben notificársele en tres meses. Exigió la obligación de que se documenten todos los acuerdos derivados de un contrato de reaseguros, a fin de eliminar los arreglos verbales que implementaba la Dirección de Reaseguros. Esta dependencia defendía el principio de "máxima buena fe", que permitía acuerdos no documentales entre las partes.
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