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Institucionalidad agropecuaria Programas onerosos no calzan con las necesidades reales de los productores y el paísPablo Bolaños M. Ingeniero agrónomo Por las particularidades biológicas, geográficas y socioeconómicas de los agentes y procesos productivos agropecuarios, el apoyo del Estado al fortalecimiento de la organización gremial y acceso a la información, la capacitación y la innovación tecnológica es esencial para que los productores alcancen niveles de productividad y calidad competitivos en el plano internacional. Para que el apoyo sea efectivo, es necesario que las decisiones políticas y la acción institucional encargada de transferir los recursos se orienten, organicen y ejecuten según una estrategia de desarrollo agropecuario a largo plazo; de no ser así, la institucionalidad se rige por el desgobierno y diluye los recursos asignados en un mar de burocracia, antes de llegar a los productores. Improvisación. La ausencia de planificación en desarrollo agropecuario motiva al político pretencioso, que gestiona y aprueba proyectos sin fundamento técnico ni beneficio para el sector y permite que la planificación a corto plazo y la improvisación se apoderen de la institucionalidad. De esto dan fe el Programa de Reconversión Productiva (PRP) y el Programa de Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible (PFPAS), las dos acciones de apoyo estatal al sector más importantes de la última década. El PRP, desprovisto de políticas y estrategias sectoriales que lo sustentarán y con grandes deficiencias de formulación y evaluación, se aprobó en 1997 de la mano de la demagogia de jerarcas y políticos la presión de las organizaciones de productores por acceder a recursos financieros y en pos de una salida fácil a la problemática de una institución que había perdido las funciones para las que se creó. Como resultado, la millonaria inversión estatal se esta despilfarrando en administración y ejecución de proyectos sin viabilidad técnica y financiera, con la complacencia de las autoridades del sector, y pese a una evaluación realizada en el 2002 por la Contraloría General de la República, en la que se señalan irregularidades en la administración del programa, que ameritaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los responsables. Pérdidas. Por su parte, el PFPAS, financiado con un préstamo por más de ¢7.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, sin haber empezado su ejecución ha generado pérdidas millonarias al país por el pago de comisiones de compromiso. Se aprobó en el 2004, pese a deficiencias conceptuales, técnicas e institucionales que presentaba y a un informe de la Contraloría General de la República que recomendaba no aprobarlo. El PFPAS no solo da continuidad a esquemas de desarrollo agropecuario en los que prevalece la retórica populista y el método asistencialista sobre el rigor técnico en la acción del Estado, sino también contribuye a sostener una institucionalidad burocratizada y decadente, incapaz de acompañar a los productores en la búsqueda de competitividad internacional. Contribuye a mantener este estado de ingobernabilidad la notable ausencia de liderazgo político en el sector y la sorprendente actitud de organismos internacionales al otorgar préstamos que nunca alcanzarán el propósito desarrollista que los inspira, y que lo único que garantizan es que parte importante de los recursos se destinará a mantener una costosa burocracia internacional, que pulula alrededor de gobiernos e instituciones. Tristemente, lo más relevante de estos programas es que aportan evidencia fehaciente sobre el origen de la problemática institucional y sus lamentables consecuencias para los productores agropecuarios. La cuestión es si la integración de instituciones en un Ministerio de la Producción permitirá erradicar estas plagas sectoriales.
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