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EDITORIALOtra tierra de nadie La descripción de ayer, en La Nación, del periodista Otto Vargas sobre la situación de la frontera sur, en Sixaola, entre Costa Rica y Panamá, no corresponde exactamente a lo que ocurre en esa zona del país, sino en el Estado. Aquella zona no es sino una prolongación de las causas palpables en San José, en relación con el funcionamiento de las instituciones públicas. Esta parte de la frontera es, en verdad, tierra de nadie, sin ley, sin autoridad, sin vigilancia y, lo que es peor, donde reina la ficción de todo, por lo que ahí pasa de todo y nada en ella sorprende. Conviene, por ello, repasar algunos aspectos del diagnóstico planteado en dicho reportaje. El nuevo ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, reconoce que, de acuerdo con las informaciones recibidas, es una frontera abierta y sin ningún control. Este dato explica por qué, habiendo albergado el antiguo comando a 100 policías, ahora solo tiene 15 hombres por turno, resultado de la negligencia con que el Estado ha cumplido con sus potestades. Esta inobservancia es tanto más grave cuanto que no se trata de un simple puesto fronterizo, lugar de encuentro y de fricciones, sino de un sitio clave para el combate del tráfico de indocumentados, de drogas y del contrabando. Estas relevantes tareas quedan a la buena de Dios si, como se expresó en el reportaje de ayer, una patrulla, una motocicleta destartalada y un bote sin motor son las herramientas con que cuentan los escasos policías para resguardar los 237 kilómetros cuadrados de este distrito de 10.200 habitantes. En estas condiciones, la Policía debe brindar vigilancia al paso fronterizo y, además, a los 34 kilómetros del río Sixaola, parte de la frontera con Panamá, y controlar los 12 pasos de vehículos hacia el río. No faltan tampoco los episodios pintorescos, como que la Fuerza Pública abandonó la caseta policial por cuanto el Ministerio de Salud declaró la construcción inhabitable. Esto es, un ministerio cumple con su deber y así pone al descubierto las falencias de otro ministerio, en mengua de los derechos e intereses de una comunidad. En el campo migratorio, imprescindible en una frontera, tres funcionarios de Migración y Extranjería laboran hacinados en una oficina de 3, 5 metros de lago por 2 metros de ancho, situada en la sección aduanera, donde deben tramitar centenares de documentos de ingresos y egresos. Este marco institucional de ineficiencia y dejación de la ley favorece, en consecuencia, la proliferación de la criminalidad y del narcotráfico, y vulnera los derechos de las personas. Esta situación de riesgo queda inscrita en las palabras de un vecino de Sixaola: "Yo ya estoy viejo y no tengo temor de que me pase algo. Total, si me matan, yo salgo ganando. Temo por mi familia. Este lugar es un desastre. Aquí se lucha contra la pobreza y la delincuencia". Este testimonio compendia el significado de una tierra de nadie, parte del territorio nacional, y la existencia de un Estado que no cumple, como expresamos, con sus potestades básicas, entre ellas, brindarles seguridad a todos los ciudadanos sin excepción y los servicios esenciales en materia de salud y de educación. Resulta contradictorio que, mientras se suscriben acuerdos con EE. UU: para ejercer -en buena hora- una vigilancia eficiente en el mar contra el narcotráfico, en nuestra frontera sur las puertas estén abiertas, de par en par, para la acción impune de los agentes de la droga y de los delincuentes. En la abultada agenda del nuevo titular del Ministerio de Seguridad Pública, esta será, por lo anunciado, una tarea prioritaria. Que así sea.
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