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Sala de Redacción El crimen organizado actúa tranquilamente en Brasil desde la cárcel Por Emilio Rappold 02:33 PM hora local Sao Paulo (DPA). Un hombre de nariz inusualmente grande y rodeado de misterio atemoriza a los brasileños como no lo ha hecho casi nadie antes, a pesar de estar entre rejas. Marcos Camacho, condenado a 44 años de prisión por el atraco a un banco, ordenó - según las autoridades- la serie de atentados contra agentes de las fuerzas de seguridad que en el estado más rico de Brasil, Sao Paulo, se ha cobrado la vida de 52 personas. Camacho, de 39 años, es el jefe del grupo mafioso "Primer Comando de la Capital (PCC)", que ha demostrado un poder de acción de alcance aún desconocido. El PCC posee un estatuto propio con 16 items cuyo incumplimiento determina la muerte "sin perdón" del infractor. El Comando, con ayuda de teléfonos móviles y miles de fieles esposas y prometidas de presos, actúa con toda tranquilidad. En vez de rehabilitar a los reclutas y prevenir delitos, las cárceles en el país más grande de Latinoamérica se han convertido en el centro del crimen organizado. "Nuestras instituciones son verdaderos campos de personas, escuelas del crimen, fábricas de rebeliones", dice el fiscal Fernado Capez. El Colegio de Abogados de Brasil (OAB) habló incluso de "campos de concentración". El PCC manda en casi todas las prisiones en el sur de Brasil. Miles de encarcelados pertenecen al grupo. Según datos oficiales, trabajan conjuntamente con cerca de 1.800 guardias y policías corruptos, y trafican con drogas y armas. La organización cuenta con armas pesadas y una fortuna de unos 40 millones de euros (51,7 millones de dólares), calculó en una ocasión el periódico "O Globo". Además, diversos acuerdos con funcionarios de alto rango y políticos mantienen en marcha el negocio. El poder del grupo, creado en 1993, se hizo notar por primera vez en febrero del 2001, cuando organizó el motín más grande en una cárcel en la historia de Brasil. En 29 centros penitenciarios de Sao Paulo se rebelaron 22.000 presos durante varios días con el fin de conseguir una mejora de sus condiciones. Hubo 20 muertos. La red criminal más atrevida, que reparte octavillas y camisetas en los barrios desfavorecidos, no tiene sólo en mente sacar provecho. También tiene objetivos sociopolíticos y un estatuto. El punto 14 dice que quiere "desestabilizar el sistema ejecutivo para alcanzar la justicia". El caldo de cultivo de los grupos de crimen organizado son la pobreza y el reparto injusto de los salarios "afuera" y las miserables condiciones en las cárceles. Mario, por ejemplo, es un "hombre murciélago". Este joven de 19 años duerme -como miles de presos en Brasil -boca abajo en el centro penitenciario de Tatuape. Ata sus pies a los barrotes de la celda. "Es más cómodo que dormir de pie o encima de los otros o de ratas", asegura. La mayoría de cárceles están abarrotadas. Fueron construidas para unos 100.000 presos, pero en tanto acogen a más de 230.000 reclusos. Según diversas estimaciones, la cifra de internos aumentará hasta finales del 2007 incluso hasta los 500.000. Decenas de miles esperan en cárceles de la policía y aguardan en parte durante años un juicio. Eso en caso de que la Justicia no se olvide incluso de ellos. A finales del 2005, la tragedia en las cárceles saltó a las portadas cuando el juez José Machado ordenó la puesta en libertad de 52 internos de un centro penitenciario, que "más bien parece un campo de concentración", como dijo entonces. Representantes de la Iglesia católica se quejan de que los recién llegados sólo pueden sobrevivir en las cárceles si se unen a un grupo criminal. Medidas de intimidación como cortar orejas y dedos y hasta el asesinato están a la orden del día. "Las cárceles están llenas de pobres y negros. La cuestión es que las personas ya van a parar entre rejas cuando roban un kilo de judías. Sin embargo, para nosotros es importante que los grandes ladrones, que con frecuencia andan sueltos, devuelvan su botín", dice el arzobispo de Feira da Santana, Itamar Vian. A pesar de las condiciones, y de los cada vez más frecuentes motines y fugas masivas el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorta los fondos. El presupuesto para los centros penitenciarios fue reducido en el 2005 en un 48,5 por ciento.
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