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Completando la historia Costa Rica continúa todavía como integrante de la coalición militar contra IraqPaul Rueda El doctor Roberto Tovar Faja (La Nación, 3/5/06), exministro de Relaciones Exteriores y Culto, plantea, de manera respetuosa, que la historia del apoyo de la administración anterior a la coalición militar contra Iraq se debe contar toda. A ello quiero, precisamente, aportar. En la página de la Casa Blanca, donde aún aparece el nombre de Costa Rica como integrante de la coalición militar, a pesar de la sentencia de la Sala Constitucional, se indica expresamente el modo en que los países pueden contribuir en la guerra, lo que va desde la participación bélica directa hasta el apoyo político. Al colaborar Costa Rica de esta última forma en la operación militar, sin lugar a dudas, el Gobierno matriculó en forma activa al país en una guerra aun contra la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Eso es un acto que recordará la historia. Típico sofisma. El doctor Tovar expresa su orgullo por haber firmado la declaración del Poder Ejecutivo del 19 de marzo del 2003, anulada por la Sala, particularmente cuando se indicó que ante el terrorismo no se podía ser neutral. Ese acuerdo permanece flamante en el dominio de la Casa Blanca. Con el debido respeto, considero que ese argumento es un típico sofisma pues, a partir silogísticamente, de una premisa mayor (toda lucha contra el terrorismo es legítima) seguida de una premisa menor (la invasión a Iraq es un ejemplo de lucha contra el terrorismo) se llega a una conclusión aparentemente válida (la invasión a Iraq fue legítima). Sin embargo, la realidad de los hechos ha evidenciado el carácter falaz del argumento. En primer lugar, la premisa menor resultó falsa, puesto que nunca se encontraron las alegadas armas de destrucción masiva ni se demostró el vínculo con el terrorismo en la magnitud que se pretendió señalar. En segundo lugar (premisa olvidada), tantos los fines como los medios deben ser acordes con la cultura de paz del pueblo costarricense y con el ordenamiento jurídico, lo que inhibía al Gobierno a asociar su política exterior con acciones bélicas contrarias al sistema de las Naciones Unidas, tal como se pronunció en la sentencia 2004-09992. Independientemente de lo anterior, después de la invasión, no solo no se han reducido las actividades terroristas en el mundo, sino que, de hecho, se han incrementando, ahora azuzadas por el sentimiento árabe de ser víctimas de una moderna cruzada y por la aparición de nuevos focos de tensión. Como demostró un informe del Consejo Nacional de Inteligencia divulgado por el Washington Post el 14 de enero del año pasado, como consecuencia de la invasión, Iraq se convirtió en el principal destino de entrenamiento de terroristas al hacer la guerra más permeable en sus fronteras. Robert L. Hutchings, en aquel momento director de esa institución ligada a la CIA, subrayó que Iraq había sustituido a Afganistán como centro de entrenamiento terrorista, convirtiéndose en un "imán para las actividades terroristas internacionales". Eliminación imprescindible. Me complace que el doctor Tovar, una vez dictado el fallo supracitado, hubiera remitido una gestión ante el Gobierno de los EE. UU. a fin de que Costa Rica fuese excluida de la lista de marras. No obstante, me pregunto: ¿por qué no se verificó que el pedido del Gobierno fuese satisfecho de verdad? Si la sentencia de la Sala, explícitamente, anuló el acuerdo del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 2003, ¿por qué no se le pidió al Gobierno de EE. UU. eliminar también la referencia a esa lamentable declaración? ¿Qué sucedería si en este momento a un estudiante de Ruanda o de Tailandia, que no hablase español ni supiese nada de Costa Rica, el profesor le asignara la tarea de investigar qué Estados apoyan la guerra contra Iraq? ¿A qué conclusión llegaría si todavía hay páginas que mencionan a nuestro país y está trascrito el apoyo oficial del entonces presidente de la República en la página web de la Casa Blanca? Como indiqué en mi artículo anterior, no me cabe la menor duda de que el Gobierno de EE. UU. será respetuoso de la voluntad del país; empero, ello también requiere una acción decidida del Poder Ejecutivo, actitud que le corresponde demostrar ahora a la nueva administración.
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