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EDITORIALLos secretos de Oirsa Este nuevo episodio de desorden y negligencia pone al descubierto el gran tumor de la pésima gestión públicaEl reportaje de La Nación de ayer sobre la forma como el Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG) ha administrado una parte de los recursos que el Organismo Internacional Regional de Salud Agropecuaria(Oirsa) recauda en Costa Rica forma parte del gran capítulo de la pésima gestión pública prevaleciente en el Estado. Ingentes cantidades de recursos van y vienen, en una variedad impresionante de programas, sin control, sin evaluación de resultados y sin rendición de cuentas. En la administración Pacheco, que llegó a su fin el lunes anterior, este desorden sobrepasó toda medida, según se desprende de los propios informes de la Contraloría General de la República y también de numerosos reportajes de La Nación. En nuestra edición de ayer se informa puntillosamente sobre el descontrol de los recursos trasladados por Oirsa al MAG, que se habían convertido en una especie de nebulosa ya que el gobierno no dio noticia clara sobre su monto y su destino. Este aspecto debe resaltarse. Cuando los funcionarios públicos no informan de manera nítida y concreta sobre el uso de los recursos y, por el contrario, se parapetan detrás de explicaciones confusas, hay razones suficientes para suponer -verdad de Perogrullo- que la falta de transparencia obedece a temor, a desorden interno o a otras causas. Y, cuando el propio gobernante echa mano de los mismos subterfugios y no exige cuentas claras a los funcionarios, revela indiferencia o falta de conocimiento sobre lo que está ocurriendo en el campo de sus competencias. La responsabilidad es mayor cuando, con frescura sin igual, se desdeñan los informes de la Contraloría General de la República y triunfa la impunidad. Oirsa asignó fondos discrecionales al despacho del anterior ministro de Agricultura por ¢96 millones y presupuestó una suma parecida para el 2007. Así se ha procedido desde 1991 con sumas crecientes. Sin embargo, tal como informó ayer este periódico, estos recursos no entran a ninguna cuenta del MAG ni del Estado, no se presupuestan ni se someten a ningún control de la auditoría de este ministerio ni de la Contraloría. Como lo confirma el auditor del MAG, nunca ha existido registro alguno del ingreso de ese dinero ni ningún mecanismo de seguimiento. No es sino hasta ahora cuando la opinión pública se entera del monto de esta recaudación, de parte de Oirsa, y de su traslado al MAG. Aún más, para justificar estas anomalías, algunos altos funcionarios partían del supuesto, obviamente erróneo, de que no se trataba de recursos públicos, sino privados, por lo cual había que rendirle cuentas a Oirsa y no al Estado costarricense; todo ello en contraposición al artículo quinto del convenio suscrito entre el MAG y Oirsa en 1988. Esta causa -el desorden, la confusión y la indiferencia- produjo el efecto lógico: la desviación de recursos hacia objetivos ajenos al Estado de derecho, pese a las advertencias específicas, de parte del director del Servicio Fitosanitario del Estado, Segio Abarca, en el 2003, sobre los manejos irregulares del fondo. En la mayor parte de las denuncias sobre actos de ilegalidad, de corrupción o de mala gestión en la administración pública, este es un punto central: la insensibilidad moral o indiferencia intelectual, en una cadena de funcionarios públicos, ante hechos que, evidentemente, quebrantan normas básicas de orden legal, técnico o ético, al punto de que, como en el caso de estos recursos de Oirsa, ni siquiera las advertencias internas o de la Contraloría logran despertar de su sopor a los funcionarios públicos o jerarcas encargados por ley de poner coto, de inmediato, a estas anomalías.
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