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EDITORIALEl juramento constitucional El juramento entraña la determinación de gobernar con apego estricto a las leyes y a los valores éticosEl juramento exige restaurar la dignidad de la función pública, como magistratura moral e intelectual, y acto permanente de servicio Hoy, a mediodía, se celebra el rito democrático del traspaso de poderes, cuyo núcleo y razón de ser es el juramento constitucional del nuevo presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, a quien, por segunda vez, el pueblo de Costa Rica le otorga el honor y sobre sus espaldas deposita el peso del gobierno hasta el 2010. El contenido del acto y la trascendencia del juramento sobrepasa la solemnidad del rito y del ceremonial, y relega a un plano secundario el éxito electoral o las distinciones inherentes al cargo. El juramento del presidente de la República y de su equipo significa el compromiso público, primero con la conciencia y, luego, con el pueblo de Costa Rica y con la historia de cumplir fielmente con el deber en un gobierno regido por leyes. Un juramento no es, pues, un formalismo para traspasar el umbral del poder y disfrutar de sus ventajas u oportunidades, como suele ocurrir, sino el inicio de un largo camino de desafíos que, insatisfechos, llevarán dolor a todo el pueblo y que, aceptados y cumplidos con entereza, significarán la realización del fin de la democracia: los esponsales de la libertad, de la justicia y de la solidaridad. Se medita poco en la trascendencia del juramento constitucional desde el punto de vista legal y moral, así como en la responsabilidad que dimana de este acto. Esta liviandad, que supone la preeminencia del honor recibido sobre el deber o el compromiso adquirido, es el punto de partida de graves trastornos. La responsabilidad consustancial con el juramento constitucional del nuevo presidente de la República y de su equipo entraña, en primer lugar, el deber de restaurar, de hecho y de palabra, la dignidad de la función pública, como magistratura moral y acto de servicio, degradada por el desprecio de la verdad, por la devaluación de la palabra, por el irrespeto, la incompetencia y la falta de seriedad. Nuestro pueblo exige el gozo de uno de sus más preclaros derechos: la dignidad de sus gobernantes y representantes, dentro y fuera del país, encarnada en todos sus actos y en todas sus palabras, en la vida pública y en la vida privada. Su consecuencia es la restauración de la confianza del pueblo en las instituciones públicas y su disposición en colaborar y en secundar los ejemplos recibidos. En nuestro editorial de ayer -"Para avanzar de nuevo"- hicimos hincapié en los retos esenciales del nuevo Gobierno, imposibles de alcanzar con el olvido de nuestros deberes individuales y sociales. Esa reflexión alcanza, como expresamos, a los diputados y a los dirigentes políticos. También estos tienen un juramento que cumplir. También estos deben recordar que la moral pública no se reduce a algunas prácticas de ahorro o a proclamas retóricas sobre la justicia social o la soberanía, sino a la determinación de procurar el bien común con desprendimiento de dogmas anacrónicos o de posiciones ideológicas. La fidelidad al juramento se valora por la elocuencia de los hechos, los que, a la postre, definen la calidad y estatura de un partido político. La mayor parte de los problemas nacionales no provienen de causas externas, sino internas, sea por acción o por omisión. Al hacer su recuento, sorprende la falta de responsabilidad personal en el origen de estos problemas, principalmente los de orden social, en la carencia de soluciones pertinentes y en la impunidad prevaleciente. La forma tortuosa como la administración Pacheco dio fin a los actos de violencia sindical en Japdeva, promovida por los dirigentes sindicales, como lo informó La Nación, en estos días, documenta, entre muchos otros episodios, todo un estilo de gobernar sin conciencia del juramento constitucional emitido, forjado en el respeto a las leyes y a los valores éticos. El cambio, a partir de ahora, debe ser radical.
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