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Alterra: rechazo necesario El addendum que Alterra pretende que se apruebe es un engendro de perversidadAlterra ha pretendido, con el addendum que la Contraloría rechazó, que en Costa Rica no rigen la ley ni la Constitución, que los contratos y las licitaciones públicas no tienen ningún valor y que los puede cambiar según le convenga, mediante negociaciones políticas. Desde hace más de 3 años, cuando paró los trabajos del aeropuerto Santamaría para presionar concesiones inaceptables, ha venido tratando de evadir el cumplimiento del contrato que firmó y reemplazarlo por un "modelo de proyecciones financieras" que no tiene valor legal, elaborado cada año por Alterra según sus propias, caprichosas cifras, con sobreprecios a su antojo en vez de los precios tope que establece el contrato. La Contraloría le ha dicho que no en múltiples ocasiones, porque tal cambio contraviene la ley y el contrato. Las autoridades del Cetac y el ministro de Transportes debieron, desde hace mucho tiempo, haber aplicado al contratista las sanciones y multas del caso, además de cumplir con la orden de corregir las tarifas ilegales aprobadas en el 2002, desacato por el cual fueron, incluso, referidos al Ministerio Público. A fines del 2005, precisamente ante la inacción y complacencia de dichas autoridades, la contralora general, Rocío Aguilar, en actitud que refleja su compromiso con la institución que dirige, ordenó a Alterra reanudar de inmediato y sin condiciones las obras paralizadas. Más ilícito. Persistiendo en su rebeldía, en consuno con el ministro Randall Quirós y el Cetac -excepto 4 de sus miembros que renunciaron ante el atropello- Alterra condicionó dicha reanudación a que se le aceptase un addendum para cambiar el contrato a su favor y recetarse además otros beneficios ilegales. La tónica de Alterra ha sido: si lo que queremos viola el contrato, pues ¡cambiemos entonces el contrato!, como si eso no fuera aún más ilícito. De ahí que a la Contraloría no le quedara más camino que rechazar el tal addendum. Y dado que el supuesto desequilibrio financiero alegado surge del cambio ilegal de cifras, de los sobreprecios y de costos no contemplados, es obvio que ni es justificable ni hay manera de justificarlo con agregaditos imposibles al texto, por lo que no se puede seguir perdiendo más tiempo -ya se han perdido 3 años, con gran perjuicio del país-. Ha llegado el momento en que las autoridades adviertan a Alterra que cumpla o se vaya. Innecesario. Si Alterra no quiere construir las obras conforme al contrato, su papel se vuelve el de simple e innecesario administrador y coordinador de operaciones, pagado con los tributos de los usuarios. Los servicios importantes (control de tráfico aéreo, seguridad, aduanas, migración, control fitosanitario) los presta y paga el Gobierno. Las obras faltantes, estimadas en $37 millones, las puede licitar el Estado con los ingresos del aeropuerto de un solo año (se estiman en $50 millones anuales). Ya se hizo con la terminal de pasajeros, que el Estado financió y diseñaron y construyeron empresas costarricenses entre 1997 y el 2000. Consideramos que ya ha transcurrido demasiado tiempo, y que las autoridades respectivas -como ya lo está haciendo la Contraloría- deben tomar cartas en el asunto, incluyendo la Asamblea Legislativa, y sentar responsabilidades a la empresa y a los funcionarios encargados por lo que han pretendido con ese addendum, que habría tenido un costo para el país, en daños actuales y futuros, de más de $100 millones adicionales. Nada menos que se ha tratado de regalar a Alterra un dineral de los contribuyentes -para colmo- en un momento de crisis cuando se piden al pueblo nuevos sacrificios tributarios. Rodolfo Silva, Guillermo Constenla, Manuel Sáenz Herrero, Otto Escalante, Mauricio Gutiérrez, Rodrigo Cuesta, Juan José Sobrado.
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