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EDITORIALUn parto interminable La Dirección Jurídica de la CCSS no ha resuelto en cuatro meses un caso sencillo, y nada pasaUn caso patético de irrespeto a los derechos de los asegurados y de falta de autoridad en la CCSS El episodio burocrático y humano que comentamos en este editorial exhibe una de las causas más graves en el seno de una sociedad democrática: la conjunción de la falta de solidaridad de una firma empresarial, la desidia de un grupo de funcionarios públicos, abogados, y la falta de autoridad de una junta directiva, en menoscabo de la seguridad social y de los derechos de los asegurados. Una vez más, queda al descubierto el deterioro de la CCSS y la urgencia de acometer la tarea de su revisión y reconstrucción administrativa, financiera y técnica. La CCSS contrató, hace un año, mediante licitación pública, ganada por la empresa Cormar, los servicios de una nueva bodega para guardar los suministros hospitalarios. La empresa perdedora, Algefissa, ha rehusado facilitar el traslado de más de ¢9.000 millones en suministros médicos (entre ellos, medicinas y equipos, indispensables para los asegurados). Más bien, presentó una nueva solicitud de indemnización por ¢71 millones a la Dirección de Recursos Materiales. Por este empecinamiento de Algefissa, la empresa Cormar solo ha podido realizar cuatro viajes por día para trasladar los suministros, en vez de los 40 diarios de rigor para completar esta tarea. Dada la actitud del dueño de Algefissa y de su abogado, solo cabría, según las autoridades de la CCSS, recurrir a la vía judicial, previa consulta con la Dirección Jurídica de la Caja. Esta salida no ha cristalizado, sin embargo, por cuanto la Dirección Jurídica de la CCSS ha tenido este caso en sus escritorios por cuatro meses sin que, pese a diversas instancias, de parte de la Dirección de Recursos Materiales, para que resuelva, haya emitido criterio. La directora de Recursos Materiales alega que no conoce las causas de este retraso, pese a diversas solicitudes en este sentido. Una periodista de La Nación interrogó al director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro, según informamos el miércoles pasado, mas fue del todo imposible recibir de él una respuesta. También se le enviaron varias preguntas por correo electrónico, por medio de la Oficina de Prensa de la CCSS, pero tampoco tuvo la cortesía de contestar. Al parecer, las obligaciones constitucionales, en cuanto al deber de contestar, perdieron vigencia. Si, en el caso de Algefissa, alguien puede aducir que lo que impera es el lucro y, quizás, la inquina por su derrota en una licitación, al margen de cualquier consideración humana, tras muchos años de gozar de un contrato similar de almacenamiento, el proceder de la Junta Directiva y de la Dirección Jurídica de la Caja no tiene explicación alguna. En cuanto a la primera, no es posible aceptar que un informe jurídico de este linaje, que podría evacuarse en pocos días, haya tardado cuatro meses, sin que la Junta Directiva haya puesto las cosas en su lugar. En cuanto a la Dirección Jurídica, al parecer se olvidaron sus abogados de la premura y eficiencia con que actuaron a la hora de exigir el pago de sus honorarios siendo abogados de planta. Queda, por otra parte, una atenuante. Quizá estimen los abogados de la CCSS que el informe jurídico es demasiado complejo y que necesitan mucho tiempo más, tras profundos estudios jurídicos, para dar una respuesta, en cuyo caso la naturaleza del asunto obliga a buscar otros profesionales en derecho que rindan un criterio jurídico. No está de sobra recordar que, cuando hay interés y voluntad, la pesada maquinaria se pone en movimiento. El caso del crédito finlandés nos ilustra sobre las ventajas de actuar a tiempo y en equipo, pese al monto del negocio, a la participación legislativa y a la distancia geográfica entre las partes.
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