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Inercia con expropiaciones atrasa nueva vía a San Ramón Arranque de obras previsto para ayer fue suspendido seis mesesTrámite para adquisición de tierras tarda hasta 15 meses en el MOPT Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com En el último año el Estado apenas pudo expropiar 7 de los 243 terrenos por donde pasará la nueva vía rápida entre San José y San Ramón, que recortará a la mitad el tiempo por esa autopista. La lentitud con que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tramita la adquisición de las fincas obligó al Consejo Nacional de Concesiones a suspender el inicio de las obras, previsto para el día de ayer.
También se acordó dar un plazo adicional de seis meses al MOPT para que concrete la compra de propiedades críticas. Hadda Muñoz, gerente del proyecto de concesión San José-San Ramón, se mostró esperanzada de que Autopistas del Valle (consorcio que ganó el proyecto) podrá encender máquinas en noviembre próximo. "La prórroga es muy favorable porque se iniciarían las obras en el verano y se aprovecharía el plazo adicional para que la administración avance el proceso de adquisición de los terrenos", dijo. La vía a San Ramón es un proyecto que pretende reducir de 90 minutos a 45 la conexión entre San José y esa ciudad alajuelense. La obra incluye la ampliación de ciertos tramos de la carretera Bernardo Soto a cuatro carriles. El consorcio Autopistas del Valle recuperará la inversión de $240 millones administrando los peajes de la ruta durante 25 años. Una vez que se inicie, la construcción durará 25 meses. El peaje está calculado en $1,3 (¢661) por todo el recorrido, pero será menor para quienes transiten solo un tramo. Por ejemplo, de San José a Alajuela se pagarán $0,40 (¢203). Atraso y multas. El Estado está demorando entre 12 y 15 meses para cumplir todos los requisitos para la adjudicación de los terrenos. El contrato de San José-San Ramón se refrendó en mayo del 2005, y en aquel momento se estimó que el Estado cumpliría en 12 meses con todas las expropiaciones. Rándall Quirós, ministro del MOPT, alegó que departamentos clave de su cartera como Terrenos y Avalúos no tienen suficiente personal para atender tantas expropiaciones al mismo tiempo. A modo de ejemplo, William Calvo, secretario técnico de Concesiones, comentó que el MOPT solo tiene dos peritos para tasar el precio de los terrenos. Reconoció que este atraso expone al país al cobro de multas por morosidad por parte de la empresa constructora. "Si la obra la construyera el MOPT -dijo-, no importa que haya retrasos en las expropiaciones. Pero no es lo mismo cuando una empresa privada es la responsable de las obras, porque puede alegar incumplimiento de contrato". El consorcio Autopistas del Valle (de capital español, portugués y costarricense) también acaba de firmar con el MOPT un contrato para la construcción de una carretera nueva entre San José y Caldera. Trabas. A la falta de personal en el proyecto a San Ramón, se suman problemas con la situación de las fincas. El proceso más sencillo es cuando el dueño del terreno acepta el avalúo y se paga la propiedad. No obstante, en el corredor de la vía a San Ramón hay fincas invadidas por precaristas y otras que ya habían sido expropiadas para la construcción de la carretera General Cañas y que ahora aparecen a nombre de particulares. Aunque Calvo no pudo precisar cuántos terrenos presentan este tipo de irregularidades, sí mencionó que el problema puede retrasar aún más la construcción. La otra traba es legal. Calvo mencionó una resolución de la Procuraduría General de la República (órgano que funge como abogado del Estado) que le impide al Consejo participar en los actos preparatorios de expropiación, pues esa potestad le corresponde al MOPT. Eso sí, en esta vía la cesión de tierras no se ha suspendido por falta de dinero. Tanto el Gobierno como Autopistas del Valle disponen de $34 millones (¢17.300 millones) para las compras. Mientras se hacen las expropiaciones, el Consejo de Concesiones promoverá que Autopistas del Valle asuma en junio o julio la administración de la Bernardo Soto. A partir de ese momento, la compañía recibiría el dinero que se recauda en los peajes del aeropuerto Santamaría y Naranjo, y con eso le daría mantenimiento a la vía.
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