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Sala de Redacción Cancilleres aseguran que reforma fortalecerá seguridad regional 02:45 PM hora local Washington (EFE). La inmigración ilegal es un fenómeno que afecta a toda la región americana y una reforma migratoria en EEUU ayudaría a fortalecer la seguridad de todo el continente, aseguraron hoy nueve cancilleres de América Latina. Durante un foro en Washington sobre el debate migratorio en EEUU, los cancilleres coincidieron en la necesidad de una reforma que establezca un programa de trabajadores temporales y permita un flujo migratorio "legal, ordenado y seguro", que respete los derechos humanos de los inmigrantes. En el evento, los cancilleres de México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Belize y Panamá analizaron el impacto que tiene la emigración en sus países y lo que cada nación está dispuesta a hacer para frenar el éxodo ilegal hacia el Norte. Los cancilleres reconocieron que, al final, sólo Estados Unidos puede decidir el futuro de los casi doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país pero, entre líneas, indicaron que, sin la ayuda de Washington, se dificulta el desarrollo económico y la estabilidad en la región. "Toda nación tiene derecho a tener fronteras seguras (...) pero también es importante que haya respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes", dijo la canciller de Colombia, Carolina Barco, para quien "una reforma migratoria integral ayudará a mejorar la seguridad de EEUU". El canciller de El Salvador, Francisco Laínez, dijo que cualquier proyecto que analice el Congreso de EEUU tiene que tener en cuenta la necesidad del mercado laboral estadounidense, la situación de los indocumentados que ya están en el país y la necesidad de propiciar la reunificación familiar. Laínez destacó el aporte económico de los dos millones de salvadoreños que se calcula que viven en EEUU, principalmente en ciudades como Los Angeles, Houston, Long Island, Boston y el área metropolitana de Washington DC. Mientras, el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, reiteró la posición de su Gobierno en el sentido de que la búsqueda de soluciones a la inmigración ilegal y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza son "una responsabilidad compartida". Según Derbez, el debate para una reforma migratoria debe tener en cuenta asuntos relacionados con el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y la seguridad fronteriza. Aseguró que México no alienta la emigración ilegal y que el Gobierno del presidente Vicente Fox está complacido con los esfuerzos del presidente George W. Bush a favor de una reforma migratoria. Durante la ponencia y en declaraciones posteriores a los periodistas, el canciller de Nicaragua, Norman Caldera, lamentó que "la globalización se está dando de una forma injusta", abarcando todo tipo de bienes y servicios sin que se tome en cuenta el factor humano. Las muertes "innecesarias" de los inmigrantes en su cruce ilegal por zonas inhóspitas hacia EEUU reflejan ese problema, aseguró Caldera. Sin citarlo directamente por nombre, Caldera señaló que el modelo de la Unión Europea "ha funcionado", particularmente en lo que se refiere a la entrega de "fondos de cohesión social" para que los países menos desarrollados inviertan en infraestructura y en aumentar la renta per cápita. El encuentro, organizado por la revista Foreign Affairs en Español, el Diálogo Interamericano y el Instituto de Política Migratoria (MIP), se produce mientras el Congreso de EEUU estudia varias propuestas para reformar las leyes de inmigración. La Cámara de Representantes aprobó una medida enfocada en la seguridad fronteriza y que convierte en criminales a los inmigrantes indocumentados y quienes les ayuden. En el Senado, un acuerdo que permite la creación de un programa de trabajadores temporales, entre varias propuestas, quedó como asignatura pendiente y la meta de los republicanos es aprobar algún proyecto de ley para finales de mes. Además, la reunión de cancilleres, que desde hace unos seis meses han venido forjando un frente unido a favor de la reforma, se produjo un día después de que poco más de un millón de inmigrantes hispanos realizaran protestas en todo EEUU para exigir la legalización de los extranjeros indocumentados.
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