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Bolivia decreta drástica nacionalización del petróleo Compañías tendrán 180 días de plazo para firmar nuevos contratosEmpresas extranjeras deben entregar producción a compañía estatal La Paz. EFE. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó ayer una drástica nacionalización de hidrocarburos, con la ocupación militar de campos y refinerías, y conminó a las petroleras a firmar nuevos contratos en 180 días o irse del país. La medida fue anunciada de forma inesperada en el campo San Alberto, el más rico de Bolivia, operado por la brasileña Petrobras y situado en Carapari, a unos 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarija. Fuentes diplomáticas y de las petroleras afectadas dijeron que están sorprendidas con la radicalidad de la nacionalización, mayor de la que esperaban. Tocado con un casco de petrolero, el mandatario firmó allí el "decreto supremo" con el que cambia el régimen que cobijó hasta ahora a más de una docena de multinacionales que operan en exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos. "Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras", advirtió Morales tras leer el decreto que consolida la tercera nacionalización de hidrocarburos en Bolivia que, a su juicio, será definitiva. Bolivia nacionalizó en 1937 la empresa Standart Oil, en la primera medida de ese tipo en Suramérica, y en 1969 a Gulf Oil, ambas norteamericanas. El decreto impone a las empresas extranjeras la entrega de toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal). Además, YPFB asumirá un control absoluto de la comercialización en el mercado interno y en la exportación, fijando precios, volúmenes y condiciones, y promoverá la industrialización de los hidrocarburos. También impone que dos campos operados por Petrobras, el San Alberto y Sábalo -que producen más de cien millones de pies cúbicos de gas al día-, entreguen al Estado el 82% del valor de su producción, y las compañías se quedarán con el restante 18%. Con estas medidas, el Estado incrementará sus recaudaciones anuales de los actuales $460 millones hasta $780 millones en el 2007. Según las fuentes diplomáticas y de las empresas afectadas consultadas, esa medida llevará a las petroleras a recurrir a arbitrajes internacionales, por incumplimiento de los contratos vigentes, o a dejar Bolivia.
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