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En Guardia Jorge Guardia Quirós jguardia@nacion.com Al desautorizar el procedimiento arbitrario en la tramitación del plan fiscal, la Sala Constitucional se prendió una flor en el ojal. Los señores magistrados y, en particular, Ana Virginia Calzada, encargada de la redacción inicial, nos dieron una lección de civismo y democracia. Para ellos, un augusto homenaje; para ella, un ramo de rosas. Pero no hay rosas sin espinas. ¿A quién punzamos? Primero, al diputado Mario Redondo por su actuación como presidente de la Comisión, su "casuística" interpretación de la Constitución (para ponerlo en suavecito) y su ingenua visión política exhibida en el proceso. Aceptó todo tipo de enmiendas -injustas, desiguales y sesgadas- con tal de abonarle más impuestos al nuevo gobierno. Espinas, también (a montones), para los gratuitos asesores externos de la Asamblea, ávidos de reformas complejas para brindar, después, lucrativas asesorías (cuanto menos las entienda el contribuyente, más los necesitan); a los banqueros investidos de funcionarios que sesgaron el proyecto a favor del capital; a los empresarios, cuyos asesores remunerados infiltraron asomos de injusticia y desigualdad; a los diputados del PLUSC, por su escandaloso matrimonio político; y a Marta Zamora, la Zarzamora del PAC, una espinita dolorosa e incómoda, estratégicamente ubicada, para que llore, a todas horas, por los rincones. Pero la batalla aún no ha terminado. La Sala IV no se pronunció sobre el fondo. Se concentró, esta vez, en las falencias del proceso pues eso bastaba para reenviarlo a comisión. Formalmente, el proyecto no ha sido descartado. Está, por así decir, medio muerto (o medio vivo, según la perspectiva) porque la Asamblea tiene potestad de enmendar el procedimiento y ponerlo a correr otra vez si logra la mayoría necesaria antes de cesar la actual legislatura. Ahora, el PLN y el PUSC tienen, juntos, una holgada mayoría. Si tratan de revivirlo, vendría una nueva batalla por el fondo. La madre de todas las batallas. Pensando en eso, un grupo de abogados especializados en Derecho Público y Tributario (Gonzalo Fajardo, Violeta Pino, Israel Hernández y otros), analizamos cuidadosamente las consultas llevadas a la Sala y concluimos que, en mucho, tenían razón. Identificamos, también, otros vicios de forma y fondo que se les escaparon a los diputados, y están ahí, en reserva, para la nueva batalla. Pienso que ellos abogan, como yo, por una ley justa y simple, que satisfaga los principios constitucionales de la tributación. Y me atrevo a decir que, si los instan (sin acosarlos), estarían al servicio de los diputados matriculados con una justa reforma fiscal.
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