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EDITORIALEl marco del derecho Tanto "la democracia callejera" como la exigencia de lo imposible se apartan de la ley y alimentan la violenciaEl presidente electo, Óscar Arias, ha iniciado una serie de diálogos con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y con los dirigentes sindicales que, con respeto y espíritu cívico, han aceptado la invitación. Confiamos en que, sin tardanza y con responsabilidad, logre establecerse una agenda común no en cuanto a aspiraciones y fines, inscritos en nuestro marco constitucional democrático, sino en lo tocante a los medios, esto es, a las soluciones prioritarias y concretas para alcanzar dichos fines. Son estos compromisos los que definen, en última instancia, la buena voluntad y el espíritu patriótico de los dirigentes políticos y de los diputados. Desde este punto de vista, el TLC con EE. UU., Centroamérica y República Dominicana es el punto de partida. Al menos, así se ha planteado. La forma como se desenvuelva el diálogo con este proyecto y la concreción de las conclusiones determinará la buena fe y visión de los interlocutores. Conviene, sin embargo, no dramatizar y, mucho menos, pretender inventar procedimientos que ya están claramente definidos en nuestro Estado de derecho y cuya finalidad es el bien común. El menosprecio de estos dos parámetros esenciales -Estado de derecho y bien común- descalifica automáticamente a quienes pretenden hablar a nombre del pueblo o buscar, por otras vías, la solución de sus problemas. A la luz de estos principios, es preciso reiterar una lección de la historia política y del propio desarrollo económico y social. La solución de los problemas de un país, al regirse por el marco del Estado de derecho y por el bien común, rechaza a priori dos estrategias extremas: una, la llamada "democracia callejera", negación de la democracia y del orden jurídico, guía de algunos dirigentes sindicales, y, como tal, fuente de violencia, y otra, la exigencia de lo imposible, que, por su propia naturaleza, conduce a la negación de la democracia y abre ancho cauce a la violencia. En este segundo error puede recaer el Partido Acción Ciudadana (PAC) al insistir en la renegociación del TLC, a sabiendas de que, en la etapa anterior a su aprobación en la Asamblea Legislativa, es imposible. Merece, por ello, especial atención la siguiente frase de la carta de Ottón Solís, excandidato presidencial del PAC, al presidente electo, Óscar Arias, publicada ayer por La Nación: "Es necesario -dice- que usted confirme que en su gobierno no habrá TLC si no se renegocia en puntos que usted especificaría y que espero acordemos". Esta sentencia ata las manos del próximo gobernante pues condiciona el TLC, y hasta su remisión a la Asamblea Legislativa, a la especificación de los puntos sujetos a renegociación propuestos por don Óscar y, además, aceptados por don Ottón. En estas circunstancias, ¿qué ocurriría si el primero reitera que, antes de la aprobación del TLC en la Asamblea Legislativa, no es posible la renegociación? Y, si propusiera uno o más puntos renegociables, consumada la aprobación legislativa, ¿estaría el PAC dispuesto a votar el TLC favorablemente? Y, si, en esta eventualidad, las otras partes del tratado no conviniesen en una renegociación, ¿cuál sería la posición del PAC? ¿La vía de la razonabilidad y la sujeción democrática a los procedimientos legales o legislativos, o la "democracia callejera", esto es, la alianza con los dirigentes sindicales extremistas? Estas son preguntas para un simple ejercicio lógico, basadas en la estrategia de la imposibilidad defendida por don Ottón Solís, mas lo cierto es que no existe posibilidad alguna de renegociar el TLC, ni total ni fragmentariamente. El propio representante comercial de los Estados Unidos, Rob Portman, así lo ratifica en carta remitida al Presidente electo, que hoy publicamos en la sección Foro. Debe tomarse en cuenta, asimismo, que el Gobierno debe negociar con las otras fracciones políticas, tan respetables como el PAC, y, además, que, en este proceso, los principios de realidad y de responsabilidad, inseparables de la política y de la recta razón, exigen tomar en cuenta las consecuencias económicas y sociales si el TLC no es aprobado, o bien si una tramitación dilatada llega a causarle daños graves al país en el campo de las inversiones y del empleo. Ni el Gobierno ni los partidos políticos pueden hacer abstracción de esta realidad. ¿Ha valorado el PAC esta eventualidad? La transparencia -moral y técnica- conlleva explicarle al país, desde ahora, cuál será su actitud y cuáles sus remedios. En suma, los procedimientos establecidos en un Estado de derecho no están sujetos a ninguna ideología ni interés político. Tampoco son proclamas retóricas. Representan el camino adecuado e insustituible para zanjar las diferencias y para resolver los problemas internos. Su fidelidad a este ordenamiento está inscrita en el juramento constitucional y en la decisión previa, anterior a esta, de solicitarle al pueblo sus votos en un proceso electoral.
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