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Protesta por casas defectuosas deja a familias en la calle Beneficiarios se negaron a cancelar créditos al encontrar daños constructivosViviendas en residencial Josema están reventadas y con malos cimientos Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Palmares. Familias de escasos recursos dejaron de pagar los préstamos de sus casas en el 2002, cuando encontraron errores constructivos en las estructuras. Hoy están en la calle, desalojados por falta de pago y sin una solución para sus viviendas dañadas. El caso afecta a por lo menos ocho beneficiarios del proyecto de interés social Josema, en Esquipulas de Palmares, Alajuela.
Desde el año 2002, con menos de un año de haber estrenado casa, las familias empezaron a detectar que las paredes y los pisos se rajaban, se caía el repello y los sanitarios se rebalsaban en el invierno. Como medida de protesta y con la intención de que les repararan sus viviendas, muchos de los beneficiarios dejaron de pagar los créditos con el Banco Popular, entidad que financió 340 propiedades. Hoy, cuatro años después, el Banco ejecutó la garantía y desalojó a las familias por incumplimiento contractual. La Nación conversó con tres de los beneficiarios afectados. Entre ellos Norma Lilliam Aguirre, quien hace dos semanas tuvo que dejar su casa y empezar a pagar un alquiler por ¢45.000 en el mismo residencial Josema. Ella dice sentirse frustrada porque en todo este tiempo no logró que obligaran a la empresa constructora a repararle la casa. Una valoración general realizada por el Ministerio de Vivienda detectó que en la casa de esta señora el terreno se lavó y dejó la cimentación expuesta, y que las gradas que conducen a la puerta principal están falseadas. Además, hay problemas con la evacuación de las aguas negras y las cerchas del techo se hicieron con madera de segunda calidad que ya se llenó de comején. Los problemas de Aguirre son los mismos que enfrentan unas 35 familias que presentaron la denuncia ante el Banco Hipotecario de la Vivienda, entidad que financió un porcentaje de las estructuras a través de bonos individuales de interés social. El caso también es de conocimiento de la Defensoría de los Habitantes y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Existen inspecciones realizadas por el Ministerio de Vivienda en 23 casas elegidas al azar en agosto del 2005. En dos de esos casos se ordenó la demolición de las estructuras porque hay "graves reventaduras en el piso y en paredes". Pese a todas estas denuncias, Yancy Villegas, otra de las perjudicadas, se queja porque la empresa Desarrollos Josema, propiedad de José Ángel Solano Alvarado, nunca reparó las estructuras. Este medio intentó conversar con Solano y por eso llegó a buscarlo a su vivienda, ubicada en Santiago de Palmares, el pasado 3 de marzo; sin embargo, una mujer que no se identificó aseguró que el constructor estaría fuera del país durante tres semanas. Pese a que se le dejó una tarjeta de este periódico, nunca devolvió la llamada para referirse al tema. Geovanny Garro, subgerente del Banco Popular, tampoco respondió las consultas que se le enviaron por correo electrónico desde el miércoles anterior. No se pudo constatar con esta entidad cuántas familias más han sido desalojadas, cuantos beneficiarios están en condiciones de morosidad y cuánto dinero adeudan. A través de un correo electrónico, el Banco Hipotecario de la Vivienda indicó que la causa no ha prescrito pues todavía se desarrolla un juicio contencioso administrativo en contra del constructor y el Banco Popular.
Grupo cobra a familias por hacer trámites Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com El grupo denominado Movimiento de Acción Popular Urbana le cobra ¢1.000 por semana a cada una de las familias del proyecto Josema que denuncia problemas estructurales en sus viviendas. La vocera del Movimiento, Jeimmy Briones, reconoció que las "contribuciones" son necesarias para financiar trámites o pagar fotocopias ante la Defensoría de los Habitantes o el Banco Hipotecario de la Vivienda. Briones agregó que el grupo tiene 12 años de formado y se dedica a apoyar familias de escasos recursos que tienen problemas con proyectos habitacionales defectuosos o no poseen vivienda propia. Funcionarios relacionados con el sector vivienda, confirmaron que Jeimmy Briones está vinculada y hasta se identifica como una de las representantes del precario Triángulo Solidario en San Gabriel de Calle Blancos. Se trata de una invasión de más de 500 familias, en un terreno estatal propiedad del Consejo Nacional de Vialidad. Varias de las familias del proyecto Josema reconocieron que ellas dan contribuciones a este Movimiento Popular Urbano cuando tienen dinero disponible. Si no, también hacen rifas y actividades comunales para recaudar fondos. Ramiro Fonseca, viceministro de Vivienda, confirmó que ahora han proliferado este tipo de organizaciones que se declaran "defensoras" de familias con problemas de vivienda. No obstante, el jerarca aclaró que las personas que viven en precario o que están reclamando por daños en proyectos de vivienda "no están obligados a pagarle dinero a terceros" para que tramiten su caso en las entidades de Gobierno. Fonseca insistió en que ciertos procesos como la presentación de una denuncia en el Ministerio de Vivienda o un recurso de amparo en la Sala Constitucional, son trámites "gratuitos" que no requieren de pago alguno. Jeimmy Briones dijo que no obligan a las familias a pagar una cuota fija y que igual "las ayudan" cuando no tienen dinero.
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