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EDITORIALOportunidad y cautela Tras cuatro décadas de violencia y más de 800 asesinatos en su haber, la banda terrorista vasca ETA anunció, el miércoles, un "alto el fuego (o tregua) permanente", con el objetivo declarado de abrir "la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas" frente al Estado español. La declaración está lejos de la renuncia definitiva a la violencia exigida, con razón, por las autoridades como requisito para cualquier proceso de negociación con el grupo y, dentro de su ambigüedad, plantea la opción de que pueda llegar a romperse la unidad territorial de España. Además, tiene como antecedentes una tregua similar, decretada en 1998, que sirvió, esencialmente, para su rearme y reorganización durante poco más de un año. Pero ocurre tras tres años sin víctimas producto de sus atentados, en medio de un gran debilitamiento de su apoyo social y capacidad de organización, y con una estructura de mando severamente desmembrada por la acción policial y judicial. Por todo lo anterior, el anuncio debe abordarse con gran cautela, firmeza, sentido de realidad y cohesión por parte de las autoridades y los principales sectores políticos y sociales del país. Pero, a la vez, constituye una oportunidad importante para explorar la posibilidad de que, por último, pueda alcanzarse el fin determinante del grupo y de sus tácticas terroristas. Por esto, ha hecho bien el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al definir la posición del Ejecutivo como "de cautela y de prudencia", aclarar que cualquier proceso de paz será "largo" y "difícil", y manifestar el deseo de contar, durante su desarrollo, "con todas las fuerzas políticas", un llamado dirigido, especialmente, al opositor Partido Popular (PP), que ha condicionado cualquier contacto con ETA a que esta declare su rendición. En vista de los riesgos y la longitud que implicará el proceso que se avizora, su punto de partida debería ser un restablecimiento del consenso básico entre los principales partidos españoles frente al terrorismo. Este acuerdo, por desgracia, se ha deteriorado peligrosamente desde que, tras el inesperado triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de marzo de 2004, el PP optó por una oposición totalmente intransigente y confrontativa frente al nuevo Gobierno, especialmente en todo aquello que pudiera parecer (o ser presentado) como debilidad frente a ETA. A pesar del PP, el presidente Rodríguez Zapatero decidió abrir opciones de diálogo condicionado y, en mayo del pasado año, obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso para explorar una salida pactada al conflicto, siempre y cuando los terroristas abandonaran "definitivamente" las armas. Lo peor que podría suceder ahora es que el anuncio etarra simplemente reavivara la confrontación política oportunista, en lugar de servir para que todos los demócratas se unan en una estrategia común, por encima de sus diferencias partidistas. Al Gobierno corresponde tomar la iniciativa en este sentido, pero la mayor revisión y rectificación deberá hacerla el PP, que aún no ha podido superar la honda herida electoral de hace dos años. Si partimos de un razonable frente democrático común, las autoridades podrán desplegar con mayores posibilidades de éxito un proceso que combine la firmeza en los principios y la flexibilidad en las tácticas. ETA se encuentra sumergida en un creciente vacío político, distanciada de la población vasca, severamente diezmada en su capacidad militar, asediada por la acción de la Policía y la justicia española y francesa, y sin justificación alguna para mantener el terrorismo. De aquí a una "derrota" oficial hay distancia, pero, ciertamente, sí se abre la opción de que, con una buena negociación, se logre su repliegue definitivo, como ocurrió con el Ejército Republicano Irlandés. Esta es la oportunidad que se abre con el "alto el fuego" y, por ahora, el Gobierno español la ha abordado como corresponde.
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