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El especialista: Titularización de obra pública Dennis Meléndez Economista Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó varias modificaciones a la Ley de concesión de obra pública. Ojalá los cambios sean para bien, y la ley finalmente pueda ser aplicada. En el pasado he escrito sobre mi escepticismo respecto a ese esquema, pues su filosofía contiene elementos perversos. Si la Ley es permisiva y generosa, quien recibe la concesión puede obtener excesivos beneficios económicos, a costa de los usuarios. Por el contrario, si la ley es recelosa y austera, pocas o ninguna empresa se le medirán, o de hacerlo, la obra terminará siendo de baja calidad, con altas probabilidades de fracaso. El riesgo es que termine abandonada por onerosa. El país será el gran perdedor. De ambos errores, es preferible el primero pues al menos la obra se hace. También se aprobó la previsión de crear fideicomisos para el desarrollo de obras. ¡Esto sí es una buena noticia! Claro que pudo haberse aprovechado el trámite del proyecto para crear una figura jurídica específica para dicho efecto sin depender de los fideicomisos, que pueden ser limitantes. En el pasado intentamos usar esta figura en vivienda (conocida en inglés como Asset Back Securities, ABS) pero, quizás, por la carencia de una adecuada pedagogía, la incomprensión del esquema o cierre mental se boicoteó su desarrollo. La idea es sencilla: grupos financieros, empresas o ciudadanos crean entes titularizadores de derecho privado. Para una obra particular, el Estado escoge alguno de ellos, por antecedentes (no hay ofertas económicas). El escogido contrata el diseño, lo presupuesta, y lo somete a aprobación del Poder Ejecutivo. Luego hace una emisión de títulos (ABS), garantizados por la propia obra, para financiar el proyecto. A partir de allí se integra al comité titularizador una representación de los inversionistas, en calidad de fiscales. La autoridad reguladora, bajo criterios de equilibrio financiero, fija las tarifas que permitan la amortización puntual de los bonos. Al final, la obra se paga sola, sin incurrir en sobreprecios ni correr riesgos de fracaso por infactibilidad económica. El esquema tiene muchas ventajas, pero la principal es que, si se le orienta adecuadamente, puede crear un mercado muy interesante y seguro para pequeños ahorrantes, fondos de inversión y de pensiones; además de que permitiría el desarrollo de mercados secundarios e infinitas posibilidades de derivados financieros. Los costarricenses financiarían sus propios proyectos de inversión.
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