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AP/LA NACIÓN

Gobierno español y Ejecutivo vasco fijan sus primeros plazos



Madrid (EFE). El Gobierno español y el Ejecutivo regional vasco fijaron hoy sus primeros plazos para hacer frente al "alto el fuego permanente" de ETA, que entró en vigor este viernes.

Desde Bruselas, donde asistió a la reunión del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que comparecerá antes del verano en el Parlamento, si verifica antes que "ese alto el fuego es la antesala del final definitivo".

En la primera sesión de la Cámara vasca tras el anuncio de la organización terrorista, el presidente regional (lehendakari en lengua vasca), el nacionalista Juan José Ibarretxe, avanzó que tiene intención de convocar "después del verano" una mesa de diálogo entre todos los partidos políticos.

"El Gobierno, si se dan las condiciones de verificación que acabo de explicitar, comparecerá en el Parlamento antes del verano", dijo Zapatero, quien subrayó que tiene "los medios suficientes" para comprobar ese extremo.

Antes de entablar un eventual diálogo con ETA, Zapatero se comprometió en su día a pedir la autorización de la Cámara de Diputados, que hace diez meses, con los únicos votos en contra del conservador Partido Popular (PP), aprobó una moción que le autoriza a hacerlo, si se constata que hay un cese de la violencia.

Poco antes de que el presidente del Ejecutivo español fijara su primer plazo, el lehendakari afirmaba en el Parlamento regional de Vitoria que, tras los últimos acontecimientos y una vez que transcurra un "tiempo prudencial", que situó después del verano, tiene la intención de convocar "la mesa de diálogo multipartito".

En su anuncio de alto el fuego, hecho el pasado miércoles, ETA situó como su principal objetivo "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria (País Vasco español y francés más la región de Navarra) para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el pueblo vasco pueda realizar el cambio político que necesita".

La iniciativa de Ibarretxe de convocar una "mesa de partidos", incluida la ilegalizada Batasuna (brazo político de ETA), la frenó en cierto modo Zapatero, al recordarle que tienen una conversación pendiente, "previsiblemente la semana que viene", cuando inicia con el líder del PP, Mariano Rajoy, una ronda de entrevistas políticas.

El jefe del Ejecutivo español afirmó que en su encuentro con el lehendakari hablará de la "cooperación necesaria" del Gobierno vasco -en la que dijo que confía plenamente- para que el proceso termine como todos desean.

Tras velada advertencia, José Luis Rodríguez Zapatero insistió en pedir calma y prudencia y dar "tiempo al tiempo", pese a que señaló que comprende que hay "un infinito deseo" para que las cosas vayan lo más deprisa posible.

En esos mismos argumentos redundó, al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que pidió que el alto el fuego de ETA incluya todo tipo de violencia, "incluidos los chantajes, amenazas y extorsiones".

En las dos treguas anteriores (con los Gobiernos del socialista Felipe González en 1988 y con el del conservador José María Aznar en 1998) no cesaron las extorsiones a los empresarios -fuente tradicional de financiación de la banda terrorista- y las algaradas callejeras, llamadas en el País Vasco "kale borroka".

En el primer día de vigencia del alto el fuego, continuaron las reacciones, valoraciones y propuestas políticas, como la que hizo el ex consejero vasco de Justicia del País Vasco José Ramón Rekalde, víctima de un atentado de ETA en el año 2000, de que se proceda, como primer paso, al reagrupamiento de los presos etarras.

Los presos (500 en España y unos 200 en Francia), la mayoría de ellos con largas condenas, son uno de los colectivos más sensibles de una organización diezmada en los últimos años por la presión policial y judicial que ha sufrido tanto en territorio español como francés.

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