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Informe pendiente De los huecos en las vías judiciales, uno se percata solamente cuando transita por ahíPaúl Rueda He leído cómo varios políticos, con sobrada razón, expresan su preocupación por la deteriorada red vial y prometen reparar los huecos en las vías públicas; con la misma seriedad, las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo deberían emprender la tarea de reparar las vías judiciales, de cuyos huecos uno se percata solo cuando, tristemente, le toca transitar por ahí. En Costa Rica, solo los ricos pueden demandar al Estado ante un despacho contencioso administrativo, pues ¿quién puede esperar más de 6 años a que se pronuncie un fallo? Por su parte, a más de un patrono perverso le resulta "más negocio" esperar una sentencia laboral, que en promedio tarda 4 años, que acatar la ley de inmediato. Además, en el ranking centroamericano, según el Banco Mundial, Costa Rica es el segundo país con la cantidad de días más alta en hacer valer un contrato, incluso Nicaragua nos supera. De ahí la urgencia de nuevos instrumentos procesales en las diversas áreas jurisdiccionales. Base idónea. Para enfrentar esta situación, la Corte ha planteado ante la Asamblea Legislativa importantes proyectos de reforma y redacta en la actualidad una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, indispensable para mejorar su gestión gerencial y administrativa. Estos instrumentos, perfectibles como cualquier obra humana, constituyen una base idónea para la discusión parlamentaria que debería concluir en productos concretos, pocos pero de trascendencia. Precisamente, en cuanto a la reforma judicial, la actual Asamblea cometió el error de subsumir ese tema, de por sí lioso y vasto, en una megacomisión cuyo mandato, por su extensión, hacía prever dificultades operativas. Lo anterior se evidencia con tan solo leer el nombre con que se le denominó: "Comisión especial para que investigue, diagnostique, evalúe y dé seguimiento a la gestión administrativa y el manejo de los recursos del Sistema Nacional de Radio y Televisión; la gestión administrativa y el manejo de recursos del INS; la gestión administrativa y el manejo de los recursos del Instituto de Puertos del Pacífico: la gestión administrativa y el manejo de los programas de Desarrollo Agropecuario de la Península de Nicoya: funcionamiento institucional del Poder Judicial y la prestación de sus servicios; otros hechos y situaciones que guarden directa relación con los anteriormente citados y que sean detectados durante el proceso de investigación". Esta megacomisión inició funciones el 14 de noviembre del 2002 y la buena diligencia de sus integrantes ha permitido que se hayan acogido como fundamento de discusión algunos subinformes, como el del SINART. Sin embargo, faltan escasas semanas para que culmine este periodo constitucional y, en ese tiempo, la megacomisión deberá emitir los respectivos dictámenes en cada una de las áreas estudiadas. Contra la buena fe. De esta forma, aunque resulta poco factible que el tiempo alcance para la votación en Plenario de tales informes, cabría la posibilidad de que fuesen conocidos y discutidos en la primera legislatura del siguiente período constitucional, según regula el artículo 96 bis c) del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Caso contrario, ese numeral sanciona con el archivo del expediente, lo que implicaría el desperdicio de los fondos públicos dispensados durante más de 3 años en el pago de dietas y salarios a diputados, asesores y secretarias, el fotocopiado de miles de documentos, entre otros rubros. Además, si no se emite informe alguno, se lesionaría la buena fe de las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones, como el Colegio de Abogados, que acudieron a la comisión con la esperanza de que sus criterios fuesen atendidos y contribuyeran a un mejoramiento de las instituciones involucradas. Me parece más prudente que, en el futuro, las nuevas autoridades parlamentarias eviten dispersarse en megarreformas, globales y omnicomprensivas, y más bien se concentren en proyectos puntuales y esenciales. Asimismo, se requiere que las diversas fracciones, conscientes de sus diferencias, procuren gratificar a la ciudadanía -que les ha dado el voto- con un fructuoso trabajo en las coincidencias, entre las que sin duda tiene que estar la reducción de la mora judicial. Para tal efecto, el respeto a las vías institucionales en la toma de decisiones es esencial.
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