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EDITORIALLa hora de la enmienda La Sala Constitucional declaró, anteayer, inconstitucional el proyecto de Ley de Reforma Fiscal que, durante tres años, se tramitó en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados y dirigentes políticos no han perdido los arrestos ni la esperanza de ajustarla al orden constitucional y salvarla, mas, por tratarse de violaciones formales y aun de fondo, el tiempo conspira, al parecer, contra estas intenciones. Destacamos dos reacciones: el presidente electo, Óscar Arias, criticó a los opositores del plan fiscal y anunció que, en mayo próximo, estará listo otro proyecto con el que podrán generarse nuevos recursos. El presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, manifestó su preocupación por los procedimientos reglamentarios en la Asamblea Legislativa, que favorecen el filibusterismo. Hurgando en estas declaraciones, se encuentran precisamente las causas del epílogo de este plan fiscal. Es cierto que hubo opositores -¿quién podría suponer lo contrario?-, en cuenta este periódico, defensor convencido de una verdadera reforma tributaria, por las muchas razones expuestas en estos años, justa, equitativa, simple, clara y eficaz, que armonizara los nuevos ingresos con la recaudación efectiva y la racionalización del gasto público. Es preciso, por eso mismo, distinguir. Esta oposición se expresó en dos direcciones: la legislativa, inspirada una parte de ella en el filibusterismo parlamentario, campo abonado generosamente por un reglamento interior de la Asamblea Legislativa, apto para entorpecerlo todo, y una oposición, dentro y fuera del parlamento, regida más que todo por las cuestiones de fondo del proyecto. Entre estas sobresalieron la incongruencia de este con los principios que originalmente lo inspiraron, junto con su complejidad y posible inmanejabilidad o aplicación. Esta se agravó por el protagonismo dado, en su tramitación, a presuntos representantes de la llamada sociedad civil, en la Comisión Especial Mixta, interesados, unos, en salvaguardar sus intereses económicos, y otros, los ideológicos, refractarios ambos, por su naturaleza y cálculos, a una visión técnica y política, en su verdadera acepción, del plan fiscal y hasta del interés público. Este sistema corporativista, alejado de la auténtica representación política, da lugar, como se sabe, a una red de alianzas y compromisos, de toma y daca, que permite avanzar en un proyecto, pero en menoscabo de su calidad y principios. Que sirva esta lección para futuros proyectos de ley. La otra oposición provino de la falta de liderazgo y claridad de ideas del presidente de la República, quien llegó a convertir el plan fiscal en condicionante del TLC; de la incertidumbre sobre sus resultados concretos, sobre la recaudación y el uso de los recursos, así como de la ausencia palpable de voluntad política para ordenar el gasto, atacar la pésima gestión pública o avanzar en la reforma del Estado. En estas condiciones, la resolución de la Sala Constitucional era de esperar. Estaba en la lógica de lo ocurrido, por lo que, desde este punto de vista, este tropiezo ha sido oportuno. Esta "reforma fiscal" se había descaminado y, como tal, habría sido contraproducente para el país. Ahora, en cambio, se abren las puertas para un nueva propuesta, enriquecida en los principios y prácticas que deben inspirar y construir una verdadera reforma fiscal, aleccionada por las experiencias, buenas y pésimas, de estos tres años. Si para el Presidente Electo la resolución de la Sala IV ha sido una sorpresa, debe entenderla como una inesperada oportunidad para echar a andar en el proceso de diálogo y negociación política, grabado en el resultado de las elecciones del 5 de febrero anterior, y nada menos que frente al desafío, como expresamos, de una verdadera reforma fiscal y no de una cornucopia de solo nuevos ingresos. A este tema nos referiremos en nuestro editorial del lunes próximo.
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