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EDITORIALParadoja estatal Los bajos salarios para puestos estratégicos conspiran contra la aplicación del conocimiento y el servicio públicoLa diferencia salarial con la empresa privada, con otros países y, a veces, en el seno del propio Estado es una mala política Los bajos salarios de ministros y presidentes ejecutivos, o bien de funcionarios públicos a cargo de labores de parecido linaje no son prueba de parsimonia en el gasto público. Tampoco la promulgación de leyes como la de Enriquecimiento Ilícito o la obligación burocrática de presentar la declaración de bienes anual para un grupo de funcionarios en el sector público contribuyen a evitar o reducir los actos de corrupción. Más bien, ocurre lo contrario por cuanto, al no satisfacerse los propósitos originales, en uno y otro caso, esto es, al no enfrentar la realidad por los medios apropiados, todos nos engañamos y los problemas, en vez de resolverse, aumentan o se agravan. Las discusiones sobre la diferencia palpable entre los salarios que paga el Gobierno y los que devengan los ejecutivos o altos empleados en la empresa privada son de vieja data. También lo es la injusticia en este campo en el seno del propio Estado, donde las diferencias salariales causan irritación. Nadie, sin embargo, se anima a ponerle el cascabel al gato. Es así que los salarios de diputados, ministros y, en general, de quienes ocupan cargos estratégicos en nuestro país son, posiblemente, los más bajos del mundo. Alguien dirá que, si se calcula el ingreso de los diputados y de otros funcionarios por lo que se ha visto en estos cuatro años, más bien aquellos quedaron en deuda con los contribuyentes. Esperamos, sin embargo, que esta haya sido la excepción. Lo cierto es que, como normal general, este tipo de funcionario de alto nivel, a cargo de labores determinantes para el país, debe devengar un salario que, al menos, guarde cierta relación con la empresa privada. El buen juicio y el criterio técnico deben inspirar, por ello, los cambios necesarios en esta materia, y no los prejuicios, la emotividad o un concepto erróneo del papel del Estado en la sociedad. Se les exige a los funcionarios públicos entrega y resultados, lo cual supone excelencia académica, experiencia y atestados suficientes, y, por supuesto, pruebas inequívocas de ética de la responsabilidad. Sin embargo, los salarios distan mucho de la responsabilidad y del alcance inherentes a estos cargos, lo que conduce a escoger el personal calificado de acuerdo con los siguientes parámetros: capacidad de sacrificio o desprendimiento personal, independencia financiera propia o familiar, y, lo más grave, incompetencia. El caso de los vicepresidentes, sin salario fijo, describe esta paradójica situación. Se entiende así la impotencia de un presidente electo, del actual o de otros en el pasado: la precariedad de los salarios conspira en el Estado contra la excelencia profesional, esto es, contra la aplicación del conocimiento en el servicio público, lo cual, a su vez, afecta la buena marcha del gobierno y la competitividad del país en el mundo actual. A lo anterior se agrega, como se expresó, la camisa de fuerza de la Ley de Enriquecimiento Ilícito que, por su constricción inútil, aleja a muchos ciudadanos de la función pública, sin que, además, reduzca un ápice la corrupción, entendida esta como uso de los recursos públicos en beneficio propio o ajeno, o bien como quebranto del bien común o del interés general en la gestión pública, la causa principal de despilfarro y desviación de los recursos públicos. En fin, por dos flancos se está atacando el servicio público e infligiendo grave daño al país. En ambos casos, la causa es la misma: el temor a enfrentar la realidad con claridad de propósitos, autoridad y sentido del bien común, sin temor al qué dirán.
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