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EDITORIALEl camino de Colombia El éxito de las políticas de Uribe ha sido reconocido por los ciudadanosLa democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad de Colombia recibieron un fuerte respaldo hace una semana, con la celebración de sus comicios legislativos, fundamentales en sí mismos y, también, como preludio para la elección presidencial, en mayo. Tras ellos, el difícil proceso de lucha contra los grupos armados irregulares y el crimen organizado, dentro de un razonable marco de derecho, ha recibido un mayor impulso, algo esencial para la paz y la normalidad del país. Tres aspectos son esenciales en relación con los comicios. El primero, que, a pesar de las amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal organización narcoterrorista del país, y de sus esporádicos atentados en distintos puntos, los 26 millones de electores no se dejaron atemorizar. Gracias a esta valiente actitud, y al exitoso plan de vigilancia del Gobierno, la actividad se desarrolló con gran éxito, lo cual demuestra la vitalidad democrática colombiana. El segundo aspecto esencial tiene que ver con los resultados: la coalición de partidos que apoya al presidente Álvaro Uribe obtuvo 61 de los 102 puestos del Senado y el 57% de los votos en la Cámara de Representantes. Se trata de un claro reconocimiento ciudadano a sus políticas, que refuerza su capacidad de acción como gobernante, algo esencial en lo inmediato, pero todavía más si, como sugieren las encuestas, logra su reelección en mayo.
Existe, además, un elemento adicional de gran importancia: la inmediata iniciativa tomada por Uribe para convertir su éxito político en palanca para un nuevo paso en su estrategia de firmeza y negociación frente a los grupos irregulares. Desde la propia noche del domingo, llamó a las FARC, cuya intransigencia y violencia son las más destructivas, a que se involucre en "un proceso de paz serio y urgente" algo imposible hasta ahora. El viernes, además, anunció su disposición a promover una reforma a la ley de reinserción de los grupos armados a la vida civil, para que no solo los combatientes activos, sino también los miembros de las FARC actualmente encarcelados y que se comprometan a no volver a tomar las armas, puedan ser elegibles como beneficiarios. Es decir, su política de "seguridad democrática" se ha visto revitalizada. Aunque esta estrategia ha tenido contradicciones, y a veces ha rozado los límites de la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos, puede calificarse como la mejor opción posible. Su propiedad y éxito no se pueden medir en abstracto, sino considerando las condiciones sociales, económicas y de seguridad extremadamente críticas en que asumió el Gobierno, hace cuatro años. A pesar de esa situación, y de que muchos sectores querían una acción exclusivamente represiva, el Presidente ha logrado conducir un plan integral de lucha contra la violencia en el marco de la institucionalidad democrática, y con la decisión (ciertamente no siempre cumplida) de respetar los derechos humanos. Gracias a esto, se ha logrado la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el más poderoso grupo paramilitar, y se están desarrollando promisorias negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más pequeña de las organizaciones de origen guerrillero marxista. El mayor reto lo han planteado las FARC. A partir del pasado domingo, sin embargo, su capacidad para seguirlo manteniendo se ha debilitado considerablemente, mientras la aptitud de las instituciones democráticas y de los colombianos en general para seguir adelante por el difícil camino hacia la paz, se ha visto muy reforzada. Es una buena razón para felicitarlos.
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