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EDITORIALTolerancia cero Debe establecerse un estricto procedimiento de selección y control que impida la presencia de delincuentes en aulas y oficinasLa Nación destacó, como correspondía, la siguiente noticia en la primera página de su edición de ayer: "Violador condenado a 20 años es director de colegio en Pococí". La sola lectura de este titular sobrecoge el ánimo, suscita ira e induce a formular una serie de preguntas sobre el porqué de estas situaciones. Estos hechos, como bien dijo el ministro de Educación Pública, Manuel Antonio Bolaños, son ya demasiados y golpean al educador nacional y al sistema, además de vender una imagen del educador o de la educación que no es cierta. Asimismo, su reiteración y la ausencia de medidas preventivas definidas sumen en la angustia a los padres de familia. Cabe, por lo tanto, preguntarse con angustia por qué han ocurrido, por qué se han repetido y por qué no se ha establecido un sistema férreo y eficaz de control que no solo impida el nombramiento de educadores sentenciados o imputados, sino que permita poner sobre aviso a las autoridades educativas sobre las denuncias o acusaciones formales contra maestros y profesores. Si, en alguna materia, debe haber una coordinación eficaz y puntual ha de ser en esta. Debe, asimismo, diferenciarse entre causas o delitos que, por su naturaleza, afectan al sistema educativo y aquellos que, directa o indirectamente, significan una amenaza para los niños y los adolescentes, como la corrupción de menores, la violación y otros. Una sociedad ordenada no puede tolerar que ni siquiera las instituciones educativas brinden seguridad y confianza. Ninguna persona sentenciada o encausada por alguna de estas modalidades delictivas debe franquear una institución educativa, como educador y aun como parte del personal administrativo, con más razón cuando representa, como expresamos, un riesgo o peligro para los estudiantes o para los propios educadores. En este campo, no hay excusas y, menos aún, deben tolerarse conductas o situaciones de este tipo aduciendo, en forma aberrante, que deben protegerse los derechos de las personas aquejadas por estas patologías. Los derechos de los niños son textos vivos, que deben cumplirse sin excepción y sin complacencia. La tolerancia cero no es, como se ha dicho, un exceso o una figura literaria. Debe ser el punto de partida y una constante ante la obligación primaria del Estado y de la sociedad de defender a los niños y a los adolescentes. Esta protección es parte integral de la razón de ser del sistema educativo. En nuestra edición de ayer, además de esta noticia, se informó de que, en el 2004, se recontrató en una institución educativa a un maestro, tras descontar seis años de cárcel por abusos deshonestos y estupro. En setiembre pasado, la Policía capturó a un profesor sentenciado a 16 años por violación y abusos deshonestos. En febrero del 2005, un profesor fue condenado por siete abusos sexuales en perjuicio de cinco escolares entre 7 y 9 años. Mientras se desarrollaba el proceso, el imputado fue trasladado a las oficinas administrativas de la institución. es decir, cerca de los niños. Bien ha hecho el MEP en crear la Oficina de la Niñez y la Adolescencia para atender este tipo de denuncias. Sin embargo, no basta. Debe ponerse a punto una normativa precisa que, en vez de alcahuetear y dejar abiertos los portillos para que los delincuentes hagan de las suyas, en realidad signifique una garantía para la seguridad personal y moral de los niños y de los adolescentes en las instituciones educativas. Alcahuetería del Estado y aberraciones legales (por omisión o por exceso): estos son dos de los principales motivos de esta vergüenza nacional.
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