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Tribunal investiga retiro de jueza de caso de Compensación Ahondan sobre circunstancias de la incapacidad de la funcionariaSituación provocó que juicio se anulara, luego de cuatro meses de avance Irene Vizcaíno G. ivizcaino@nacion.com El Tribunal de la Inspección Judicial sigue una investigación disciplinaria contra la jueza Damaris Soto, una de las integrantes del tribunal de juicio en el caso del fraude al Fondo de Compensación Social. La funcionaria, de 48 años, se encuentra incapacitada desde el 22 de febrero por problemas psquiátricos, circunstancia que anuló los cuatro meses de avance que llevaba ese debate.
Precisamente, por las graves consecuencias que tuvo su retiro del proceso, es que el Tribunal de la Inspección abrió la causa. Esa instancia es el órgano disciplinario del Poder Judicial. "Se está llevando una investigación en contra de la funcionaria, con vista de las informaciones que publicó la prensa", confirmó Macario Barrantes, presidente de la Inspección, por medio de la Oficina de Prensa. En las publicaciones de prensa a las que se refirió Barrantes se destacaron las múltiples complicaciones que se han presentado para juzgar a los hermanos Jorge, Sigifredo y Marvin Martínez Meléndez por el supuesto fraude de ¢459 millones. Los hechos se investigan desde 1998 y a partir del 2003 se ha realizado cuatro juicios, cuyo costo casi alcanza el monto del fraude. Ayer se intentó consultar a Damaris Soto sobre la causa disciplinaria, pero no fue localizada en ninguno de los teléfonos a su nombre. De acuerdo con datos del departamento de personal del Poder Judicial, ella comenzó a ser llamada a ocupar cargo de jueza desde 1991. La separación.Soto presentó el documento de su incapacidad el 21 de febrero. Muy preocupados por las implicaciones, tanto los fiscales Raymond Porter y Greysa Barrientos como el procurador Juan José Soto pidieron que la juzgadora fuera evaluada por peritos de la medicatura forense, con la idea de confirmar o no el padecimiento, como lo permite el artículo 336 del Código Procesal Penal. Fue precisamente esa confirmación la que dio por anulado todo el debate, pues recomendaba incapacidad por más de diez días, que es el plazo mayor de suspensión de juicio que señala el Código. Sin embargo, que la Inspección intenta establecer si pudieron existir otras circunstancias que obligaron a la jueza a separarse del juicio o alguna irregularidad dentro del proceso. Macario Barrantes aclaró que por ahora no existe ninguna medida cautelar en contra de la jueza. Concluida la investigación se determinará si amerita sanción. A lo largo del juicio, aparte de un reclamo de un abogado defensor privado, por falta de pago de su cliente, solo se conoció un conflicto con la seguridad de las salas de juicio en relación con el desayuno de los imputados. La situación surgió en noviembre cuando los dos acusados que están prisión preventiva se quejaron de que no podían ser puntuales a las audiencia porque en el penal donde permanecían les daban el desayuno muy tarde. Al parecer, los jueces Isabel Porras, Jorge Morales y Damaris Soto optaron por traerles el desayuno con tal de comenzar a tiempo. No obstante, cuando los encargados de seguridad de las salas de juicio se percataron de que los imputados comían ahí, se quejaron de la irregularidad. El hecho puso fin a aquella cortesía.
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