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Debilidades del sistema electoral El proceso electoral no presentó ni las mínimas muestras de actitud fraudulenta o mala feGermán Serrano Pinto Transcurrido el período electoral y declarado ya el próximo Presidente de la República, puede retomarse un tema, el sistema electoral costarricense, pues, de otra manera, su análisis despertaría dudas, resquemores y malas interpretaciones sobre lo que se buscaba con su discusión. Aún más, la pronta inauguración del nuevo período presidencial aconseja su examen a la luz de los problemas que surgieron en el proceso, que nos demuestra con claridad que el sistema electoral costarricense presenta debilidades que deben corregirse para futuros torneos electorales, "que tal vez por la crispación inusitada de la polémica, no han podido ponerse en una perspectiva clara y tranquila", como bien señaló Rodolfo Cerdas en estas mismas páginas. Lo cierto es que, cuando se dictan las primeras normas en esta materia hace más de 50 años, los ciudadanos con derecho a voto no llegaban a cien mil: no votaban las mujeres ni los menores de 21 años, y la población del país apenas rondaría el medio millón de habitantes. Aún así, conforme se van multiplicando los votantes y las mesas electorales, diseminadas por todo el país, el Tribunal Supremo de Elecciones no da abasto pese a los miles de voluntarios que movilizan los partidos políticos y a su eficiente cuerpo de inspectores ad honórem, venidos a menos en las últimas elecciones. Problemas de siempre. Problemas siempre han existido: Jeep cargado de cédulas que vuelca allá por los años 50, dobles papeletas o cadenas fraudulentas en lugares lejanos y poco atendidos, allá por los 60, entre otros (por solo citar dos casos graves después de la revolución). Todo ello obligó a hacer un estudio de lugares difíciles y a depurar el padrón electoral (con trabajo voluntario en los 60 en oficina dirigida por Rafael Ángel Valladares, exdiputado del PUN), lo que permitió, en la elección de Trejos Fernández (1966), también ajustada y muy disputada, enviar más de 60 fiscales especiales para vigilar cada una de esas urnas calificadas de "difíciles" (ejemplo: finca La Lucha). Sin entrar todavía en un detallado análisis de las reformas electorales que reposan en la Asamblea Legislativa, conviene hacer una enumeración no exhaustiva de los temas a los que deben dedicarse pronto los diputados en esta materia, para evitar que nuestro sistema electoral, que ya hace agua, se vaya a pique definitivamente. En primer lugar, debe rebajarse prudencialmente la deuda política, en lo que los diputados siempre han estado de acuerdo, pero para la elección que sigue; y así se continúa posponiendo. Muchos argumentos se han dado a favor de mantenerla. Yo también opino así a favor de la democracia y para evitar la plutocracia, pero con límites en el gasto y sin burocracia. Debe establecerse que tienen derecho a ella solo los partidos inscritos a escala nacional y fortalecer los requisitos de su inscripción, pues se torna ridículo que haya tantos partidos pequeños que distorsionan el proceso y dificultan al ciudadano prestar atención a quienes sí tienen oportunidad de ser electos y al TSE a organizar debidamente el proceso. Es ridículo además que quien aspire a una diputación se inscriba en una candidatura presidencial para tener mayor acceso a los medios, no haga campaña para Presidente y hasta lo justifique diciendo que Dios le dijo que ganaría. El dedo pulgar. Por otro lado, debe restituirse el voto con el dedo pulgar, como antes se hizo con buen resultado. Si bien el voto es secreto, podría establecerse la excepción cuando se trate de presunción de un delito electoral. Tampoco conviene que el conteo manual que realiza cada una de las casi ocho mil juntas electorales sea definitivo, salvo apelación en el acto de cierre, porque, como ya se vio, ni miembros ni fiscales de mesa están preparados para tal acción. Las irregularidades que se cometen en las juntas no pueden ser nunca "normales". Debe revisarse si la figura del prevaricato es aplicable por interpretación a los magistrados del TSE; de lo contrario, establecerla pues no es correcto adelantar criterio en materia tan delicada y sobre la que les tocará resolver. Agrego que, en mi criterio, lo acaecido en el proceso electoral no presenta ni las mínimas muestras de actitud fraudulenta o mala fe, sino aplicación de un procedimiento que, por las circunstancias de todos conocidas, no resis-tió las nuevas exigencias en un proceso ajustado y difícil, que a ratos no parecía tener final por la excesiva participación de terceros en asuntos de atribución exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones.
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