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CONAVI y la desidia del gobierno

Sin recursos es imposible efectuar intervenciones y rehabilitaciones de calidad

Ing. Luis Amador
Director técnico, CONAVI

Cada año el Ministerio de Hacienda elabora el proyecto de presupuesto; así limita el gasto de muchas instituciones a las posibilidades de recaudación y gasto, de acuerdo con el tono de las políticas fiscales y monetarias del país. Pero en el caso particular del CONAVI el ministerio no tiene la discrecionalidad de ejercer sus restricciones, e imponer el presupuesto como lo ha venido haciendo; en este caso funge como un simple recaudador, imposibilitado para poder disponer de los recursos. Claro que el ministro precocina el presupuesto desde el año previo, no violenta ninguna ley porque es un proyecto y los legisladores permiten que se apruebe de manera automática en primer debate, sin correr ningún riesgo.

Así, señores, al CONAVI nos llega un presupuesto muy limitado, con alrededor del 40% de los recursos que la Contraloría certificó como ingresos del 2006, generando una imposibilidad material de poder planificar, para tan siquiera atender la conservación de la red vial. Sin recursos suficientes resulta imposible efectuar intervenciones y rehabilitaciones de calidad, sin dinero no podemos ejecutar soluciones viales idóneas.

Claro que entonces Hacienda giró en el año 2005 recursos, pero al final del período, aprovechándose de que CONAVI se encuentra en un proceso de reestructuración y aún los procesos internos son lentos y en algunos casos engorrosos, esto imposibilita que los recursos puedan ser traducidos en obras en seis o menos meses.

Previsiones. Este año se tomaron varias previsiones, se planeó la ejecución de obra del 2006 con contenidos presupuestarios que esperan ser llenados por presupuestos extraordinarios, y el giro en cumplimiento de la ley por parte de los nuevos gobernantes. Se continuó de esta forma con el proceso de reestructuración institucional, sometiendo a MIDEPLAN las verdaderas necesidades de reorganización en unidades funcionales eficientes, se está buscando una herramienta tecnológica que permita administrar y controlar eficientemente la red vial nacional mediante un sistema de administración de pavimentos.

Se contribuyó con el fondeo de la Comisión de Prevención de Riesgos para que esta pudiera atender las zonas declaradas bajo el decreto de emergencia. Se adjudicaron las contrataciones de mantenimiento y conservación que son la razón de ser de la institución, previstas por la ley 7798.

Actualmente se están construyendo los puentes peatonales y, finalmente, se trabaja en culminar el tapón vial en la vía del Alto de Guadalupe, y el Carmen-Jaboncillal. En convenio con el MOPT se está en miras de demarcar las rutas de travesía del casco central de San José y se ha solicitado que se efectúe un control con grúa. Queda muchísimo por hacer; pasos a desnivel, ampliaciones de puentes, soluciones funcionales, el anillo norte, la radial a Heredia, la ampliación y conexión de la autopista a Cartago, la vía alterna a Escazú, y la ampliación en Montes de Oca, entre muchas otras, a lo largo y ancho del país.

Requerimos: aprobación de MIDEPLAN (reestructuración), planificación de la red vial, el giro de todos los recursos, y un gobierno fuerte que brinde un verdadero impulso a la recuperación de la infraestructura vial.

Hoy con gran pesar miro a legos quitarnos recursos, confundiendo las funciones de atención vial de los municipios con las del CONAVI. Observo tristemente la cultura "tranquila" del tico obstaculizando carriles de rutas de travesía, obras ampliadas que vuelven a colapsar porque a alguien se le ocurrió estacionar.

El mismo calvario. Vivo el mismo calvario de todos, tardo una hora en llegar a mi trabajo, porque la infraestructura no ha sido ampliada y mejorada funcionalmente para atender los flujos vehiculares que siguen creciendo. Y me pregunto si los gobernantes no terminan de comprender el papel competitivo de la infraestructura en cantidad y calidad tal, que permita atender las actividades económicas de la nación y no se convierta en una barrera de entrada para las inversiones en medio de la apertura comercial y la pérdida de competitividad nacional.

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