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Foto Principal: 1208537
Julio Gavito, director para Bolivia de la petrolera española Repsol, es requerido por la justicia boliviana.
AP
Petrolera española

Escándalo judicial en Bolivia con Repsol-YPF



Madrid. AFP. La petrolera española Repsol-YPF, octava productora mundial de crudo que controla el 25,7% de las reservas bolivianas de gas natural, está en el centro de un escándalo judicial en Bolivia, donde su filial Andina está siendo investigada por contrabando de crudo y evasión fiscal.

El más reciente capítulo del conflicto que comenzó a mediados de febrero tuvo lugar ayer, luego de que la compañía se negó en Madrid a informar, por razones de "seguridad", sobre el paradero de dos responsables de Andina, buscados por la justicia boliviana, sindicados de contrabando y falsificación de documentos.

"No hacemos comentarios con respecto a dónde están", dijo un portavoz de Repsol-YPF interrogado sobre el paradero del presidente de Andina, el español Julio Gavito, y de su brazo derecho, el argentino Pedro Sánchez, contra quienes pesa un "mandato de apremio" que, según la ley boliviana, es una orden para que declaren ante la justicia.

Entre tanto, en La Paz, representantes de Repsol interpusieron ayer un hábeas corpus en favor de los dos directivos reclamados para declarar ante la justicia, pero el Tribunal Constitucional de la Sala Civil Segunda lo rechazó y mantuvo la orden de detención contra Gavito y Sánchez.

La fiscalía del distrito de Santa Cruz empezó a investigar una denuncia contra Repsol-YPF por el contrabando de 230.400 barriles de crudo por más de $9,4 millones, a pedido de la Aduana Nacional (AN) de Bolivia, y que en un primer momento, la petrolera calificó de "malentendido".

La fiscalía citó para hoy martes a otros dos responsables de Andina: el gerente de Relaciones Extranjeras, Miguel Cirbián, y la responsable del departamento jurídico, Selenita Céspedes.

El jueves la justicia allanó las oficinas de Andina, de donde retiró documentación, hecho que Cirbián calificó de "acto ilegal".

El allanamiento aceleró la intervención del gobierno español pues su canciller, Miguel Ángel Moratinos, manifestó preocupación por la investigación contra Repsol.

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