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En honor a la verdad Del INAMU deben extraerse aprendizajes de lo que no hay que repetir en el país institucionalEmilia Barquero Acosta ExDirectora Administrativa Financiera INAMU Es mi firme interés aclarar y rectificar una serie de comentarios externados por la señora ministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas, en relación al informe n.º 14678-21-2003 SUSCRITO por la defensora de los Habitantes, Dra. Lizbeth Quesada. Debo empezar señalando que, cuando se creó el INAMU, la Ley 7801 otorgó a esta institución un 2% de los fondos de FODESAF; sin embargo, las políticas restrictivas aplicadas al gasto público provocaron que solo de un 0,5% a un 1% de tales recursos pudiesen ser usados por el INAMU en pro del cumplimiento de sus objetivos institucionales. Para contrarrestar este faltante de recursos, se desarrolló una creativa y eficiente estrategia técnico-administrativa para efectos de maximizar los fondos públicos asignados al INAMU, y se logró, de la manera señalada, por tres años consecutivos ejecutar un promedio del 98% de los recursos(2000-2003). Los recursos que no fueron autorizados para ejecutarse permitieron que el INAMU acumulara, al 2003, una cifra cercana a los ¢450.000.000, denominada "superávit libre". Tales recursos fueron resguardados de común acuerdo con la agencia bancaria que nos brindaba asesoría, aprovechando un interés superior. A comienzos del año 2004, coordiné la formulación del proyecto de inversión para utilizar el superávit en mención; para ello presenté ante el ministro de Hacienda la solicitud de levantamiento de límite de gasto y, de esta manera, poder contar con los recursos humanos para brindar atención en los centros especializados de atención para mujeres y sus hijos(as) víctimas deviolencia intrafamiliar (CEAAM), adquirir el inmueble para el CEAAM de San José y mejorar los equipos y activos a nivel central. Despido arbitrario. Cuando la señora Vargas se ha referido al tema, indica que precisamente a su llegada al INAMU "localiza" el "sobrante acumulado" y que nadie sabía de su existencia. En honor a la verdad debo rectificar tales señalamientos, por cuanto se alejan de la realidad, ya que la existencia de tales fondos, así como planes concretos respecto de su utilización, eran conocidos por la jerarquía y las áreas técnicas. Dos días después de la llegada de esta señora al INAMU (4 de julio del 2004), fui separada de mi puesto y hube de enfrentarme a más de trece "procedimientos administrativos" de diversa índole; y el 4 de octubre del año 2004 fui "despedida sin responsabilidad patronal", a pesar de que existía una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional, que impedía esta acción. Para ejercer mi derecho a la defensa, debí interponer más de ocho recursos de amparo ante la Sala Constitucional, así como denuncias ante la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República. Lo que empezó conmigo terminó extendiéndose a toda la institución y a los funcionarios, con las consecuencias que ya la Defensoría de los Habitantes ha expresado; es decir: abandono de los deberes institucionales para enfocarse únicamente en acciones de persecución y amedrentamiento hacia las personas que ahí laboramos. Del INAMU deben extraerse experiencias y aprendizajes de lo que nunca debe repetirse en la historia institucional de este país.
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