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EDITORIALTextileras en fuga Los enemigos del TLC son los responsables de la fuga de empresas del paísYa cayó la primera víctima por el atraso en la ratificación del TLC por parte de la Asamblea Legislativa: la fábrica de zíperes YKK. Esta empresa radicada en Costa Rica, generadora de divisas y creadora de cincuenta empleos directos y otro tanto en empleos indirectos, decidió abandonar el país y trasladar sus inversiones a El Salvador, donde el Tratado entró en vigencia desde el 1.° de marzo. Es la primera de una oleada de empresas en la misma rama industrial que podría desencadenarse en los próximos meses, a menos, claro está, que las fuerzas políticas del país reaccionen y se ratifique el convenio firmado con EE. UU., Centroamérica y la República Dominicana. La fuga de empresas industriales del suelo nacional se produce por estrictas razones arancelarias y no por bajas en la productividad o incompetencias de otra índole. La legislación norteamericana dispone que, al entrar en vigencia el Tratado, se suspenden automáticamente los beneficios de la Iniciativa para la cuenca del Caribe (ICC) para los países signatarios del tratado, y entran a regir los aranceles normales para los productos de terceros países, incluyendo las materias primas y bienes intermedios que hoy disfrutan de los beneficios de la ICC. Y resulta que Costa Rica exporta a otras textileras centroamericanas zíperes, telas y demás insumos necesarios para la producción textil, los que, automáticamente, se considerarían bienes procedentes de países no signatarios del tratado y se gravarían con los respectivos aranceles, hasta por un monto equivalente a un 20 por ciento del valor total. Por esa razón, las empresas costarricenses quedarían fuera del mercado. Para permanecer en él, tendrían que migrar a otros países miembros del TLC, como ha decido hacer la empresa YKK. Y eso pone en peligro, desde ahora, exportaciones por $60 millones anuales, 15.000 empleos directos y otros 5.000 indirectos, según personeros de la Asociación de Exportadores de la Industria Textil. La pregunta de fondo es qué culpa tienen las 50 familias que ahora se quedaron sin sustento por la obcecada oposición política al Tratado. La respuesta, sin duda, es que no les alcanza ninguna culpabilidad, como, tampoco, a las 20.000 familias que podrían eventualmente quedarse sin ingresos si se desatara la oleada de empresas que podrían trasladarse a otros países centroamericanos ante la persistencia de la Asamblea Legislativa de no aprobar el TLC. Según reportamos la semana anterior, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, que preside Rolando Laclé, ni siquiera ha empezado a dar las audiencias necesarias, ni el Poder Ejecutivo ha avanzado en la la elaboración de los proyectos de ley de la llamada agenda complementaria. Y de ahí se deriva una primera lección: la inacción política produce efectos económicos sociales negativos y los opositores al Tratado son los únicos responsables. Tampoco es de recibo el argumento de que la entrada en vigencia del TLC significaría la pérdida de otros tantos empleos, fundamentalmente agrícolas, al perder su protección, por una doble razón: a largo plazo, son más -muchos más- los trabajos que se sacrificarían o se dejarían de crear por el rechazo del TLC, que los que se preservarían ahora si no se aprobara. Además, los que ahora se perderían al aprobarse se relacionan con actividades ineficientes desde el punto de vista económico, sobreprotegidas con elevados aranceles y mucho menos sostenibles que los que se generarían con el TLC. Lo razonable, pues, es aprobar cuanto antes el Tratado y poner en acción planes inmediatos de compensación social para las familias afectadas, incluyendo la posibilidad de incorporarlos de nuevo al mundo productivo con programas especiales, para que continúen siendo útiles a la sociedad.
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