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Procuraduría cuestiona plan para crear fundación La Aduana El propósito es que administre todo lo relacionado con esas instalacionesDiputados aceptan que el proyecto de ley que la crea debe mejorarse Pablo Fonseca Q. pfonseca@nacion.com La Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR) plantearon, por separado, diversas dudas sobre el plan de crear la fundación La Aduana. Según el proyecto que se tramita en el Congreso, la fundación sería encargada de "captar, gestionar y administrar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Aduana", en las cercanías de la antigua estación del ferrocarril al Atlántico, San José.
La Procuraduría dijo en agosto del 2005: "Este proyecto evidencia una confusión de figuras y competencias". Por su parte, en enero del 2005 la Contraloría externó preocupación "por la tendencia a la creación de fundaciones cuyo objeto principal coincide con funciones propias de entidades públicas debidamente establecidas". A pesar de las críticas, la justificación del proyecto indica que la Fundación es parte del funcionamiento normal de una institución de este tipo, que "reclama un mecanismo administrativo transparente, pero flexible, capaz de captar y gestionar fondos y otros recursos sin la rigidez que caracteriza necesariamente las actividades de los ministerios".
Dos figuras. El proyecto de ley crea dos nuevas figuras, el Centro de Cultura, Educación y Tecnología la Aduana y la Fundación la Aduana. El Centro sería un órgano con independencia mínima del Ministerio de Cultura, y tendría el objetivo de "fomentar la creatividad y la innovación (...) en forma didáctica, interactiva y participativa".
La Fundación tendría como encargo la administración de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Aduana. En la opinión jurídica 115-2005 remitida por la PGR a la Comisión Legislativa que estudió el proyecto, se advirtió que se crearía "una confusión de figuras y competencias entre institutos de derecho público y derecho privado que son improcedentes". Ante la justificación de crear estas figuras para flexibilizar su funcionamiento, el abogado del Estado dijo: "Nos deja dudas de si en el futuro dichas figuras podrían llegar a ser utilizadas para evadir algunas normas presupuestarias y de contratación administrativa". Más dudas. Los comentarios de la Procuraduría llegan al punto de preguntar "¿cuál es el sentido de crear un órgano con personalidad jurídica instrumental (el Centro) si los fondos van a ser administrados por la Fundación, persona privada diferente del Estado?". De manera similar, la CGR advirtió en el oficio 00349 del 12 de enero del 2005: "Estamos ante una figura jurídica cuyos límites no están claramente definidos (...) y parece que se recurre a ella como una vía de "escape" del régimen (...) del presupuesto de la República". Además, asegura que no se cuenta con "estudios técnicos que permitan al legislador valorar la necesidad de adoptar la decisión de otorgar dicha personalidad jurídica instrumental". En su conclusión, la Contraloría General de la República recomienda "valorarse la conveniencia de aprobar el proyecto (...) determinando si realmente existen razones técnicas que justifiquen la decisión de otorgarle al Centro (...) la mencionada personalidad jurídica instrumental, y la de crear una fundación para administrar...".
Edificio pasaría a manos de la Fundación Pablo Fonseca Q. pfonseca@nacion.com De acuerdo con la redacción del proyecto de ley 15.739, existe la posibilidad de que el edificio de la Aduana sea donado a la Fundación que llevará su nombre. Aunque la Fundación sería creada por el Estado, incluso algunos legisladores que están de acuerdo con el proyecto de readecuación de la Aduana consideran inconveniente realizar tal donación. La diputada Aída Faigenzicht, quien está en contra de esta parte del proyecto, explicó que el artículo 11 señala que parte del "patrimonio de La Aduana" la constituirá el edificio. "Sin embargo, el artículo está después de donde se habla de la Fundación y no se señala si es patrimonio del Centro La Aduana o la Fundación La Aduana", señaló Faigenzicht. Freddy Camacho, de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, dijo que esta interpretación sería posible y calificó el proyecto en general como un "ornitorrinco jurídico". Lilliana Salas, diputada que está a favor del proyecto, aseguró que ella está en desacuerdo con que el edificio salga de las manos del Estado. "Precisamente, llevando el proyecto al plenario o a una comisión plena se harían las reformas necesarias", dijo Salas. Aunque el título del proyecto anuncia una "autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para que traspase a título gratuito un inmueble de su propiedad al Ministerio de Cultura" (en alusión a la parte del edificio de la Aduana que pertenece al INVU), en ningún artículo del proyecto se establece la donación. Por el contrario, se señala una propiedad del Instituto de Vivienda como el límite norte que tendrán la sede del Centro la Aduana y también la Fundación, que es el edificio mismo.
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