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Bush firma la renovación de la Ley Patriota tras lucha en Congreso



Washington (EFE). El presidente de EE.UU., George W. Bush, firmó hoy tras uno duro trámite en el Congreso la extensión de la Ley Patriota para continuar "la lucha contra el terrorismo y salvaguardar las libertades civiles", según el mandatario.

En unas breves palabras, antes de la firma en la Casa Blanca y ante numerosos líderes republicanos del Congreso y miembros del Departamento de Seguridad Nacional, Bush dijo que esta ley ofrece a las fuerzas de seguridad una nueva "herramienta vital" que "cierra unos vacíos peligrosos".

Tras recordar que EE.UU. "sigue en guerra desde el 11 de septiembre del 2001, cuando vimos llegar el odio de un nuevo enemigo", el mandatario insistió en que EE.UU. no va a esperar a que le "ataquen de nuevo"

"Desde hace cuatro años EE.UU. es más seguro y la ley ha demostrado que funciona, ya que ha permitido detectar células terroristas y trastocar varios planes" de atentados, aseguró el gobernante.

Un día antes de que expiraran 16 provisiones de la Ley Antiterrorista, el presidente firmó el texto legislativo, que cuenta con las reticencias de los grupos de derechos civiles.

La ley renueva un total de 16 disposiciones que expiraban procedentes del texto original, firmado poco después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en EE.UU.

El texto original amplió las facultades del gobierno federal para realizar registros de documentos privados e interceptar comunicaciones.

Sin embargo, en los últimos meses la mayoría de los demócratas de la oposición han señalado que muchas de esas disposiciones violan las libertades civiles de los estadounidenses.

Sus partidarios, la mayoría republicanos, consideran que la ley es un instrumento esencial para proteger a los Estados Unidos de nuevos ataques terroristas, una idea también defendida por el Ejecutivo.

Entre los apartados renovados hoy se incluye uno que permite a los funcionarios estadounidenses obtener "objetos tangibles" como documentos de bibliotecas o librerías que estuvieran relacionados con investigaciones terroristas.

Otras de las disposiciones clarifican el hecho de que los servicios de espionaje exterior o los funcionarios de contraespionaje deberán compartir la información obtenida en relación con investigaciones criminales con las fuerzas del orden estadounidenses.

Además, según la ley que entra hoy en vigor, se prevé la imposición de sanciones estrictas sobre miembros de las tripulaciones de los barcos que impidan o induzcan a error a las fuerzas del orden que suban a bordo.

Los republicanos consideran la firma de hoy una victoria y confían en que ayude a equilibrar las noticias procedentes de Iraq sobre el aumento de la violencia, la controversia sobre el programa de escuchas autorizado por Bush y la polémica sobre el control de seis puertos estadounidenses por parte de la empresa Dubai Ports World.

Hoy mismo la compañía emiratí anunció que se deshará de sus intereses en varios puertos estadounidenses, que amenazaban con ser objeto de una dura batalla entre el Congreso y la Casa Blanca.

La renovación de la Ley Patriota ha sido objeto de un toma y daca entre el Congreso y el Gobierno desde diciembre del 2005, cuando estaba previsto originalmente que expirara esa legislación.

La Casa Blanca había instado al Congreso a que prorrogara la vigencia de varias de las medidas previstas en esa ley, cuyos críticos consideran que limita las libertades civiles, pero que el Gobierno opina que es una "herramienta vital" en la lucha contra el terrorismo.

Cuatro legisladores republicanos se unieron a la oposición demócrata en el Senado para vetar el mantenimiento a largo plazo de la ley, que ha sido prorrogada desde diciembre pasado en dos ocasiones por algunas semanas cada vez.

La Casa Blanca estuvo en contacto con dichos legisladores republicanos para tratar de llegar a un acuerdo, que se materializó el pasado 9 de febrero.

Entonces, un grupo de congresistas republicanos y la Casa Blanca acordaron renovar la ley antiterrorista, que expira mañana.

Para la firma hoy de la ley, el presidente Bush se ha visto obligado a aceptar ciertas limitaciones en el texto.

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