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EDITORIALInsolencia del Parlacen Ahora, en un gran despliegue, amenaza a Costa Rica y pretende entorpecer la lucha contra el contrabandoAunque en nuestro editorial de ayer, nos referimos a la intromisión del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para condenar la aplicación del marchamo o precinto electrónico, acordado por el gobierno de Costa Rica, conviene agregar otros elementos de juicio sobre el particular con el fin de resaltar los sospechosos intereses de los diputados y empresarios promotores de esta resolución y poner de manifiesto, una vez más, el descaminamiento del Parlacen. Además de ineficaz, esta entidad, en las circunstancias actuales, ha demostrado su prepotencia. La decisión del gobierno de Costa Rica de implantar el marchamo electrónico representa una decisión soberana, respaldada, además, por la Sala Constitucional, en los recursos presentados contra esta medida, y, además, necesaria, que, en vez de concitar la animadversión de los diputados del Parlacen, debería imitarse y extenderse a todos los países centroamericanos, como lo han propuesto algunos gobernantes de la región. De aquí la sinrazón del Parlacen. Este no hace hincapié en su extensa y alambicada resolución en el costo del marchamo, $100, como podría suponerse, sino en una serie de motivos que, sin duda, tratan de entorpecer todo sistema de seguridad, en relación con las mercancías provenientes de países fuera del área. Esta dimensión extrarregional torna más sospechosa la oposición del Parlacen y de los transportistas. Esta es la razón subyacente en dicho acuerdo, revelador, además, de los intereses prevalecientes en esta entidad, más refugio, como expresamos ayer, que foro de debates orientados al progreso de los pueblos centroamericanos. La infundada resolución de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana(SIECA) contra el marchamo electrónico, dada a conocer el martes pasado, hace causa común con el Parlacen. El argumento de que Costa Rica debería implementar el marchamo electrónico desde la aduana de partida, además de constituir una interpretación legal complaciente, contraría el Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre y violenta la potestad de cada país de proceder con transparencia y eficacia en el control de las importaciones con fines fiscales, así como del control del contrabando y del narcotráfico. Las experiencias negativas en este campo han sido graves y constantes. No se puede, entonces, descartar la hipótesis de que es el temor uno de los principales móviles de la oposición a este dispositivo de seguridad. El Parlacen fundamenta su oposición al marchamo electrónico en el quebranto del libre tránsito y del libre comercio de mercancías originarias en la región, lo cual es totalmente falso, y, además, incurre en el irrespeto de calificar de arbitraria la medida de Costa Rica y de amenazarnos con una acción judicial ante la Corte Centroamericana de Justicia. Deben ser muy poderosos los intereses que defienden los diputados del Parlacen para que se atrevan a adoptar estos acuerdos. Resulta, por otra parte, más que sospechosa la resolución de esta entidad centroamericana por cuanto, desde su existencia, su principal objetivo ha sido mantener un sistema intolerable de privilegios, financiados por pueblos sumidos en la pobreza. No recordamos, en estos años, un despliegue político y publicitario como este, del que no ha gozado, de su parte, ninguno de los problemas que agobian a nuestros países. Razón, entonces, de sobra para que nuestro país se mantenga al margen de esta entidad y para que siga luchando por su eliminación o transformación total.
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