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Freno a concesiones turísticas en zona marítimo-terrestre Últimos permisos en las playas se otorgaron hace nueve mesesInversionistas se quejan por constantes cambios de requisitos Jairo Villegas S. jvillegas@nacion.com El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) no aprueba una sola concesión en la zona marítimo-terrestre (ZMT) del país desde hace nueve meses. Y es que a partir del 1° de junio del 2005 rige un nuevo requisito para obtener una concesión.
Se trata de un certificado que debe indicar que el terreno o lote a concesionar no es patrimonio natural del Estado (que no sea área silvestre protegida, bosque, terreno forestal o de aptitud forestal). Esta certificación la tiene que emitir el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); sin embargo, no lo hace pues apenas realiza el trabajo de campo para determinar cuáles áreas son boscosas. Esto provoca malestar entre los inversionistas porque los proyectos están detenidos y no hay certeza de cuándo podrán obtener el documento.
El ICT desconoce el número de concesiones frenadas, porque ni siquiera está recibiendo los documentos. Marlene Marenco, jefa de Concesiones del ICT, indicó que el nuevo requisito se incluyó tras un dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República, emitido en el 2004. La Procuraduría afirmó: "Los organismos de la administración pública no podrán permutar, ceder, enajenar, entregar ni dar en arrendamiento terrenos rurales de su propiedad sin que antes hayan sido clasificados por el Minae. Si están cubiertos de bosque automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado". "El Minae está desarrollando la metodología que seguirá para ubicar las áreas de bosque y aptitud forestal", aseveró Marenco. Dificultades. Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, reconoció que existen dificultades para otorgar las certificaciones pues están "levantando" la información. "Tuvimos que desarrollar un trabajo de campo y la metodología la estamos implementando. Ya empezamos en Guanacaste, pero hay que hacerlo en todas las playas. "Es un problema muy grande y el trabajo de campo nos llevará unos dos años más. La Procuraduría me pone a administrar esas áreas sin más funcionarios o recursos", declaró Rodríguez. Ante esto, el jerarca del Minae anunció que pondrán en marcha un método diferente de trabajo que consiste en apoyarse en mapas e información satelital. El objetivo es conocer las playas donde están los bosques y así entregar certificados por lo menos en algunas regiones. Este procedimiento podría estar a listo a finales de marzo. La ZMT son los 200 metros de playa que se ubican a partir de la línea de pleamar (el punto donde finaliza la creciente del mar). Se divide en dos partes: 50 metros públicos y 150 metros que se pueden dar en concesión. Molestia. El abogado Carlos Pacheco Murillo representa a un grupo de inversionistas estadounidenses que procura una concesión de 2.000 metros cuadrados en playa Hermosa, en el cantón de Garabito, para construir 32 condominios. No obstante, este proyecto es uno de los que está paralizado por el nuevo requisito. "Esto crea inseguridad jurídica pues se cambian los requisitos. La propiedad de estos inversionistas no tiene bosque", afirmó Pacheco. Juan José Echeverría, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), afirmó que es urgente que se otorguen las concesiones, pues las municipalidades perciben impuestos por los proyectos. "Mientras no se declare cuáles zonas son de exclusivo resorte del Minae, las municipalidades tampoco saben cuáles pueden tramitar para concesiones. Es urgente definirlo", advirtió Echeverría. La ZMT ha sido objeto de polémica en los últimos años, pues una parte ha sido invadida por habitantes o comerciantes, por lo que la Contraloría General de la República ha dicho que se debe "ordenar" esa área de playas.
Playas llenas de problemas Jairo Villegas S. jvillegas@nacion.com Las costas del país han sido foco de polémica. Aunque todas tienen 50 metros públicos, existen denuncias de que los propietarios de terrenos cercanos impiden el libre acceso de los turistas. Además, la Contraloría General de la República ha ordenado a la mayoría de municipalidades cuyos cantones tienen playas que desalojen a quienes tienen construcciones ilegales. Esto ha hecho que ayuntamientos como Nicoya y Santa Cruz, ambos en Guanacaste, destruyeran propiedades ubicadas en la zona pública. No obstante, hay muy pocas personas que pueden ser propietarias de las playas. Se trata de ciudadanos que tienen un título de propiedad emitido por la corona española, en tiempos de la colonia. Por otro lado, hay personas que estafan con la zona marítimo-terrestre. Ofrecen en venta los terrenos y muchos extranjeros han caído en la trampa. Incluso, en algunos sitios en Internet se ofrecen lotes que pertenecen al Estado.
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