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Pecado maquillado de virtud El ministro Randall Quirós disimula graves pecados de Alterra e intenta premiarla pecado fuera virtudRodolfo Silva, Guillermo Constenla, Otto Escalante, Manuel Sáenz, Mauricio Gutiérrez, Rodrigo Cuesta, Juan José Sobrado. El turismo aumenta hacia Centroamérica por desplazamientos de la demanda, y hacia Costa Rica tiene como causa principal la publicidad promovida por el Instituto Costarricense de Turismo y las condiciones que ofrece el país. Así lo ha tenido que reconocer el ministro Randall Quirós. Alterra solo ha hecho lo posible por impedirlo paralizando injustificadamente las obras y creando hacinamientos en la terminal construida por el gobierno, porque no ha hecho las ampliaciones que correspondía, al extremo de que ahora hay solo cinco salas de abordaje, y no las seis que recibió. Cada una de ellas debe manejar más de 550.000 personas al año, el doble, triple o más que en el resto de Centroamérica, según datos de La República el 13 de febrero; pero el ministro tiene el tupé de decir que la "eficiencia" de Alterra también ha contribuido al aumento del turismo. Se le olvidó decir que, aunque Alterra hubiese cumplido con todas sus obligaciones, ya para el 2010 comenzarían problemas de capacidad de la pista en las horas pico, y sería necesario establecer racionamiento o restricciones a los vuelos porque, como advirtió el consultor TAMS, el Santamaría tiene limitaciones físicas para expandirse y atender la demanda futura. Por ello era indispensable empezar conjuntamente la planificación y el desarrollo de un nuevo aeropuerto en Orotina. Sin embargo, tanto a este gobierno como al anterior, esa necesidad impostergable les importó un pito. Ocho años críticos perdidos. Tributos públicos. Además, abandonaron los otros aeropuertos del país, y Aviación Civil dependió de la caridad pública para hacer obras en Liberia pese a que, como lo dijo acertadamente el reportaje de La Nación (21/2/06), el Santamaría es "una máquina de hacer dinero": $52 millones de ingresos anuales distribuibles en el 2005, después de restar ingresos asignados: todo, producto de tributos públicos a los usuarios, y nada debido al gestor. A Alterra le han permitido paralizar las obras durante tres años, sin justificación, según han dicho la Contraloría, los tribunales arbitrales y hasta el propio CETAC, y ahora, para que las reanude, el Gobierno pretende premiarla con una ilícita y lesiva contratación directa -disfrazada de addendum-. Las sumas a pagar ilegalmente se elevan cuando menos al doble, el contrato se transforma radicalmente, y de uno de precios tope -como se licitó y adjudicó- se transforma en otro en que el precio lo pone Alterra. Además, contrariamente a lo establecido, el Gobierno garantiza el repago del préstamo, y hasta las utilidades y la devolución del capital a los socios. Como si esto fuera poco, en caso de indemnización por la entrada en operación de un nuevo aeropuerto, el inmenso monto ahora establecido, más el enorme e indebido incremento en el costo del Santamaría, hacen prácticamente inviable la construcción de un nuevo aeropuerto en Orotina. Todo ello se permite en vez de exigir al gestor que cumpla lo pactado, bajo pena de resolver el contrato por incumplimiento, lo que, conforme a las reglas originales, tendría un costo de apenas $3 millones, y liberaría los $52 millones de ingresos distribuibles (que suben año con año) para hacer las obras faltantes. Estas las calcula la misma Alterra en $37 millones. O sea que con solo el ingreso de un año se solventaría el problema del Santamaría y se le podría entrar de inmediato al de Orotina. Seis años. y nada. En Panamá (Tocumen) y en El Salvador (Comalapa), el sector privado presionó al gobierno para que hiciese sin dilación, directamente, las obras de ampliación en el primer caso, y de construcción nueva en el segundo, lo que ocurrió eficientemente y en un tiempo record, mientras aquí llevamos seis años de cederle a Alterra, y... ¡nada! El pretendido addendum, a cuya aprobación sujetan Alterra y el ministro Quirós la reanudación de las obras, es un irrespeto a la Contraloría, que ordenó continuarlas sin condiciones y que calificó reiteradamente de improcedentes sus pretensiones. Eso tiene un único nombre: irrespeto al orden jurídico, que se viola frontalmente; irrespeto a la lógica y al sentido común, e irrespeto al país, al que está dañando gravemente al frustrar su estrategia de desarrollo basada en el turismo y el intercambio comercial por vía aérea. Pese a todo esto, el Ministro maquilla los graves pecados de Alterra y pretende premiarla como si el pecado fuera virtud. ¡Cosas veredes!
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