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EDITORIALDos actitudes El Ministerio de Vivienda renunció, por presiones, al control de la calidad de la construcción de viviendas para los pobresDos conductas radicalmente opuestas: la del cumplimiento del deber, de parte de la Contraloría General de la República, y la de la complacencia y del "dejad hacer, dejad pasar", del Poder Ejecutivo, que, en los meses finales de su gestión, se ha hecho de la vista gorda ante asuntos públicos que exigen la observancia estricta de las normas legales. La Contraloría, según informamos el 27 de febrero pasado, dio un ultimátum al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que, a más tardar el 30 de junio próximo, divulgue la información "con datos confiables" sobre la cantidad de residuos de plaguicidas que existen en los cultivos del país (450.000 hectáreas). Al mismo tiempo, señaló una serie de graves anomalías en esta materia, que afectan la salud de los habitantes. Esta es la segunda vez que la Contraloría censura la labor del Servicio Fitosanitario del MAG. La conducta remisa del MAG puede acarrear, a los responsables, sanciones por desobediencia. El nuevo director del Servicio Fitosanitario, Jesús Hernández -quien no es responsable de las irregularidades pasadas-, cumplirá con lo dispuesto antes del 8 de mayo. Llama, sin embargo, la atención la pasividad de los jerarcas del MAG, que no llamaron a cuentas a los responsables en estos años. Lo anterior revela grave descoordinación con la Presidencia de la República, que no pide cuentas a sus colaboradores, pese al daño que -como en este caso- se le causa a la población. Asimismo, el 28 de febrero anterior, La Nación informó de que el Gobierno renunció a controlar la calidad de la vivienda popular. Este es un acto inaudito en el campo social. Los pobres no importan, excepto como tema de propaganda o de excusas para aprobar el plan fiscal, cuyos ingresos -ya comprometidos en otros menesteres- favorecerían, según el Gobierno, a los sectores más necesitados. La indiferencia y la despreocupación del ministro de Vivienda, Angelo Altamura, quedaron registradas en nuestra edición de ese día. La labor de ordenamiento y limpieza de su antecesor, Helio Fallas, se malogró. Lo cierto es que, en los últimos 26 meses, ninguna construcción ha sido evaluada y no existe ninguna garantía de que las empresas constructoras hayan satisfecho los requisitos legales. Los informes de la Contraloría han puesto al descubierto un sinnúmero de anomalías y la más amplia impunidad. Nuestros reportajes en la materia han sido objeto, por otra parte, de desplantes y hasta de amenazas en estos siete años. En este campo, el proceder de la administración Rodríguez Echeverría es merecedora, más que la actual, de las más duras críticas. Ahora, ante la irresponsabilidad gubernamental, el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros, Olman Vargas, confirmó que esta entidad se encargará, por cuenta propia, de la evaluación de las casas de interés social. Este gesto merece reconocimiento público. Esperamos que se ponga fin a lo que -tal como informamos el martes pasado- constituye una de las razones de este escándalo: las presiones de sectores políticos y de la construcción para que las auditorías de calidad no se llevasen a cabo. Posiblemente, estos grupos, mancomunados, moverán mares y montes para entorpecer cualquier tipo de control. Hasta hoy, esos dos grupos -políticos y constructores- han dado muestras de un gran poder y un valimiento político eficaz. Echarán mano, asimismo, de su arsenal contra los informes, las denuncias y los comentarios. Sin embargo, es preciso continuar y, a las puertas de un nuevo Gobierno, instar a las nuevas autoridades para que, además de reconstruir el Ministerio de Vivienda, se revise, en toda su hondura y extensión, la construcción de viviendas para los pobres, así como la distribución de los bonos de vivienda. Tienen material para rato.
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