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EDITORIALImpulso a las obras públicas El cambio a la ley de concesiones es clave para mejorar la infraestructuraLa banca estatal no debe ser marginada del financiamiento de proyectos Resulta de sobra sabido que uno de los mayores escollos para el desarrollo, la calidad de vida y la competitividad nacionales es nuestra deficiente infraestructura. Desde hace varios años no se completa en el país ninguna obra vial, portuaria o aeroportuaria de real envergadura. Peor aún, las que existen se encuentran en franco deterioro, por múltiples factores, pero, en especial, por la falta de fondos para mantenimiento: desgraciadamente, ante la carencia de recursos, el precario equilibrio de las finanzas públicas se ha buscado mediante el recorte de inversiones, no de otros rubros de gastos menos productivos. Frente a esta evidente descapitalización física, y la dificultad de que, a corto plazo, el Estado pueda hacer frente a todas las urgentes necesidades de inversión en infraestructura y servicios -sea mediante más impuestos o mediante más endeudamiento--, la concesión de obra pública a empresas privadas surge como una vía eficaz y expedita para complementar los esfuerzos oficiales en la materia. Hasta ahora, sin embargo, ese recurso ha sido muy poco utilizado por las múltiples imperfecciones de la legislación vigente. Por algo aún no se ha realizado ninguna obra mediante esta figura (lo que hay en el aeropuerto Juan Santamaría es una "gestión interesada"), y únicamente están adjudicadas la ampliación de la carretera a San Ramón y la nueva vía a Caldera. Mientras tanto, las necesidades crecen y nuestro desarrollo se ve limitado. De aquí la importancia del proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa para reformar y mejorar la Ley de concesión de obra pública, y realmente estimular -con los controles del caso y bajo la rectoría de la Comisión Nacional de Concesiones- que más y mejores compañías se interesen en construir más obras, que se pagarán a largo plazo mediante el cobro de peajes o tasas de uso. El proyecto, que forma parte de las prioridades establecidas por las fracciones de los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, cuenta con respaldo mayoritario entre los diputados. Sin embargo, la fracción del partido Acción Ciudadana (PAC), aunque, por boca de su diputado Francisco Molina, reconoce que la reforma "mejora lo que hay hasta ahora en materia de concesiones", se opone a ella, porque permite (no obliga) que los bancos estatales puedan participar en el financiamiento de esas obras. Es decir, a partir de prejuicios que creíamos superados, no de razones económicas o sociales, la principal fracción opositora pretende despojar a esas instituciones de una excelente oportunidad de negocio que, a la vez, redundará en beneficio para el país. Los bancos estatales, como todos los demás, tienen como actividad central el otorgamiento de créditos, según los procedimientos y sistemas que definen, y bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Además, disponen de una gran cantidad de recursos de los ahorrantes sin colocar; sus gerentes, sin excepción, consideran que financiar obra pública (sea por concesión u otros métodos) está dentro de su línea de acción, y sus departamentos de crédito, no los diputados del PAC, son los que disponen de los instrumentos y conocimientos para evaluar los riesgos de los proyectos que se les presentan. Si a esto se añade el impacto de muchas de las eventuales obras en el desarrollo nacional, la posición realmente responsable y lógica es permitir que cada banco, de acuerdo con sus prioridades, posibilidades y normativa regulatoria, sea el que decida cuáles proyectos financia y cuáles no. Pretender lo contrario, e introducir discriminaciones o prohibiciones mediante leyes casuísticas, vulnera a las propias entidades que se dice defender, sin que, en el camino, genere ningún beneficio a cualquier otro sector. Es decir, una actitud solo explicable desde el dirigismo que, en otras épocas, convirtió a las decisiones crediticias en rehenes del poder político, no en instrumentos de técnica bancaria, con evidentes distorsiones y muy negativas consecuencias para la economía. Por el apoyo de las demás fracciones, probablemente, es casi seguro que la reforma pasará, pese a la oposición del PAC. Pero, de cualquier modo, es decepcionante que todavía se usen argumentos tan carentes de sustento para asumir posiciones en la Asamblea Legislativa.
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