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Sala de Redacción Denuncian a estado paraguayo por violar libertad de expresión 02:57 PM hora local Washington (DPA). El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó hoy una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado paraguayo por violación a la libertad de expresión. La denuncia fue hecha ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, y establece que el Estado paraguayo violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual forma parte, así como el principio de legalidad. El caso de la denuncia se basa en el proceso y posterior condena penal impuesta al director del diario "ABC Color", Aldo Zuccolillo Moscarda, por los delitos de calumnias, injurias y difamación. "Con la presentación de este caso, esperamos que la CIDH recomiende a Paraguay que derogue las leyes que tipifican las calumnias, injurias y difamación", dijo la directora de CEJIL en América del Sur, Liliana Tojo. Según el CEJIL, el principal obstáculo para garantizar la libertad de expresión en Paraguay es la vigencia de las leyes penales que tipifican los delitos de calumnias, injurias y difamación. "Esta legislación habilita la apertura de procesos judiciales contra periodistas y demás comunicadores sociales que difunden información referida a asuntos de interés público", indicó el organismo en un comunicado. "La vigencia de este tipo de leyes no hace más que cercenar la libre circulación de ideas y opiniones, una herramienta fundamental para la consolidación de los regímenes democráticos", agrega. Tojo señaló: "Al igual que las leyes que penalizan el desacato, la aplicación de este tipo de legislación para proteger el honor de los funcionarios públicos crea el claro riesgo de la autocensura con el consiguiente detrimento de la libertad de expresión". CEJIL es una organización de abogados que representa a querellantes frente al sistema interamericano de derechos humanos, compuesto por la Comisión con sede en Washington y la Corte con sede en San José de Costa Rica. Cuando los casos no se resuelven mediante las recomendaciones de la Comisión, pasan a la Corte, que puede sentenciar contra los Estados. CEJIL nunca ha perdido hasta ahora un caso en el sistema. El caso denunciado comenzó en 1998, cuando el senador colorado Juan Carlos Galaverna promovió una querella criminal contra Zuccolillo Moscarda por calumnias, injurias y difamación, tras la publicación en "ABC Color" de la lista de prestatarios morosos del sistema financiero paraguayo y la relación de Galaverna con personas vinculadas a la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores. Tras siete años de proceso, Zucolillo fue condenado en diciembre del 2005 por Corte Suprema de Justicia del Paraguay a 360 días de multa, la máxima sanción no privativa de libertad establecida en el Código Penal paraguayo, y a pagar a Galaverna una suma de igual monto. En total, la pena monetaria para Zucolillo ascendió a más de un cuarton de millón de dólares. En su denuncia ante el sistema interamericano de derechos humanos, CEJIL alegó que Paraguay violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio de legalidad. Según la denuncia, el principio de legalidad fue violado en dos aspectos: primero, por haber impuesto una sanción cuando la acción penal ya estaba prescripta de acuerdo al Código Penal paraguayo; y segundo, por haber impuesto el pago de dinero al senador denunciante, llamada "pena de composición", que no estaba prevista en la legislación en el momento que ocurrieron los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe analizar la denuncia en una primera etapa, llamada de admisibilidad, para determinar si el caso cumple con los requisitos para ser aceptado por el sistema interamericano. En caso de admitirlo, pasará a la etapa de investigación de los hechos, testimonio de las partes, y eventual resolución. En general, la Comisión busca un acuerdo amistoso entre las partes, pero de no lograrse adopta recomendaciones a los Estados. Si éstos no cumplen, la Comisión tiene el derecho a pasar el caso a la Corte en San José.
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