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Gobierno costarricense acuerda solicitar postergación de ley migratoria



San José (ACAN-EFE). El consejo de gobierno de Costa Rica acordó hoy proponer en agosto próximo a los diputados postergar al menos hasta diciembre del 2007 la entrada en vigencia de la nueva ley de migración por falta de presupuesto.

El ministro costarricense de Seguridad, Fernando Berrocal, dijo en una rueda de prensa que presentarán la propuesta a inicios de agosto, pues está previsto que la ley entre en vigencia el día 12 de ese mes.

La principal causa de esta petición es la falta de presupuesto para la compra de equipos de alta tecnología, construcción de infraestructura y contratación de personal necesario para poner en marcha la legislación.

Según el ministro, el anterior gobierno no presentó un presupuesto extraordinario para cubrir los cerca de 13 millones de dólares que se requieren para implementar la ley, que fue aprobada en segundo debate en octubre pasado.

Esta ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos del país y Nicaragua, país de donde viene la mayoría de los inmigrantes a Costa Rica, pues la consideran represiva y creen que atenta contra lo derechos humanos.

Berrocal explicó que el Poder Ejecutivo creará una comisión para recibir en audiencia a los distintos actores de la sociedad civil que se oponen a la nueva legislación.

La ley castiga con cárcel de dos a seis años el tráfico ilegal de personas, conocido como "coyotaje", y aplica la misma pena a quien oculte o encubra a extranjeros indocumentados en el país.

En el caso de un patrono que contrate a indocumentados, la sanción sube hasta 12 salarios base (unos 4.500 dólares).

La legislación también sanciona con multas a las personas que den alojamiento a indocumentados con multas que van de uno hasta cinco salarios base (de 358 a 1.700 dólares).

Cifras de distintas organizaciones no gubernamentales indican que en Costa Rica viven cerca de 800.000 extranjeros, en su mayoría nicaragüenses que envían anualmente a su país unos 250 millones de dólares en remesas.

Sin embargo, la cifra oficial de inmigrantes nicaragüenses legales en el país es de unos 400.000, quienes llegaron a Costa Rica en busca de mejores oportunidades, especialmente laborales.

Según las autoridades migratorias, la principal intención de la ley es poner en regla a los extranjeros y evitar que sean explotados en sus trabajos, donde en ocasiones reciben menos del salario mínimo y no poseen seguro social.

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