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Patrullas rumanas entraron en mal estado al país Varios vehículos policiales fueron reparados en almacén fiscalEmpresa no contaba con repuestos para arreglar los daños Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com Jorge Peñaranda Chaves, exjefe de mecánicos de la firma que vendió 46 patrullas al Ministerio de Seguridad, aseguró que muchas de las unidades presentaron fallas desde que ingresaron al país, procedentes de Rumanía. Los problemas mecánicos eran de tal magnitud que tuvo que desplazarse hasta el depósito fiscal donde estaban almacenadas las patrullas, en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, para reparar varias de ellas que ni siquiera arrancaban.
"Tuvimos que usar baterías adicionales para encender los carros. El sistema eléctrico de esos carros era malísimo. Muchos venían malos", afirmó Peñaranda al ser consultado ayer por La Nación en un taller mecánico de su propiedad, en San Josecito de San Rafael, Heredia. Aseguró que cuando trasladaron las patrullas, en una fecha no precisada del año 2000, desde el depósito, ubicado a unos 400 metros de las instalaciones de la compañía, varias patrullas se recalentaron mucho, lo que atribuyó a deficiencias en el motor. "Había problemas en las bombas de inyección, en el sistema eléctrico. El taller siempre pasaba lleno porque reparábamos un carro y ese mismo día traían dos patrullas más con diversos daños", recordó. El mecánico, de 45 años, no dudó en afirmar que se trataba de "motores viejos, desconocidos para el medio", los cuales se calentaban excesivamente incluso en los tramos cortos. Peñaranda dijo que al principio no contaban con repuestos para la reparación de las unidades, lo que los obligaba a recurrir al ingenio para ponerlas a rodar. Al no contar con repuestos en ocasiones tenían que usar partes de una patrulla para reparar otra. En el taller de su propiedad mantuvo, desde febrero del 2003 hasta mediados del 2005, "veinte y tantas" patrullas (no recordó el número exacto) marca Aro, de Seguridad Pública, para las diversas reparaciones. Sin embargo, autoridades de esa cartera las recogieron por órdenes superiores a principios del 2005 para trasladarlas a un plantel de la Fuerza Pública en Guadalupe de Cartago. "Dijeron que me podía meter en problemas por retenerlas y entonces les dije que se las llevaran. Yo calculo que me quedaron debiendo como ocho millones de colones. Tampoco me pagaron por el tiempo que utilizaron el terreno donde estaban las unidades", se quejó el mecánico. Peñaranda se retiró de Automotores Europeos de Centroamérica, la firma que vendió los vehículos, a principios del 2003 para crear la empresa Autos Aro 4 x 4, y se dedicó a la reparación de las defectuosas patrullas policiales. Inicialmente, aseguró, los servicios eran pagados por Automotores Europeos y el Banco Elca, ambas firmas propiedad de Carlos Alvarado Moya. Aunque después intentaron cobrar las reparaciones directamente al Ministerio de Seguridad Pública, en esa cartera no le pagaron.
Reparación de carros costó ¢21 millones Rónald Moya rmoya@nacion.com Los problemas de funcionamiento de las patrullas rumanas no solo favorecieron a los delincuentes. También produjo costos adicionales al Ministerio de Seguridad Pública, que pagó por el lote de vehículos $651.000. Según un reporte de la auditoría de ese ministerio, de fecha 2 de junio del 2005, durante el año 2002 se gastaron en reparaciones de 14 patrullas rumanas Aro un total de ¢8,3 millones. Al año siguiente se gastaron ¢13,2 millones. Un total de ¢21 millones, solo en esos dos años. El informe no señala los talleres a los que se pagó dicho dinero. De acuerdo con el informe de auditoría, esa suma no incluía ¢1,9 millones que un taller automotriz le estaba cobrando al Ministerio de Seguridad por bodegaje de una de las patrullas desde octubre del 2003 hasta abril del 2005. Aunque el resto de 32 vehículos también presentó problemas mecánicos que exigieron reparaciones, no fue posible obtener las sumas gastadas por ese concepto. Las reparaciones tampoco dieron resultado y en pocos días los vehículos volvieron a presentar las mismas fallas. Por eso el entonces ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, ordenó guardarlas en un plantel policial de Guadalupe de Cartago, en junio del año pasado. Fallas del cartel La auditoría determinó que en el cartel de la licitación para la compra de las patrullas no se incluyeron condiciones específicas acerca del tipo de vehículo que se requería. "Se comprobó que las instancias solicitantes de la compra de los vehículos aportaron especificaciones muy generales, situación que limitó la inclusión en el cartel de requerimientos detallados sobre los automotores que se adquirieron". La auditoría señala que el proveedor del Ministerio, José Ramírez, indicó a la auditoría que el cartel se confeccionó con base en un formato general ya existente. Esa limitación, según la auditoría, generó que se contrataran vehículos no adecuados para la función policial.
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