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EDITORIALEl negocio de las patrullas En esta compra queda claro que la intención no fue la seguridad ciudadana, sino otros motivosLa compra de 46 patrullas en Rumania, en el gobierno anterior, sería uno de los sainetes mejor montados en la historia política de Costa Rica si no fuera porque se desarrolló y culminó con recursos públicos. Debe advertirse, con todo, que esta nueva trastada pública tampoco debe sorprender. Los capítulos referentes a la pésima gestión pública, en la administración Rodríguez y en otras en el pasado, esto es, el derroche de dinero a manos llenas, colmaría anaqueles. En el reciente viaje del presidente Arias a Italia, por cierto, uno de los temas fue la deuda de más de $13 millones del Estado costarricense con el Gobierno italiano por el tristemente famoso dique flotante, en la administración Monge Álvarez (1982-86), una negociación turbia, cuyo pago aún reposa sobre las espaldas de los contribuyentes. Podría traerse a colación, asimismo, el crédito finlandés, en la administración Rodríguez Echeverría, para adquirir equipo médico innecesario por $39 millones, uno de los más grandes escándalos en el país. La lista podría alargarse con numerosos episodios, unos en sede penal, y otros amparados en la más amplia impunidad, que, al parecer, no han dejado huella aleccionadora en el país o en la administración pública. La compra de patrullas a Rumania, que comentamos, difiere de muchos malos pasos en materia de gestión pública pues ni siquiera se disimuló. La torpeza y la frescura no se escondieron. La licitación y la compra fueron tan grotescas y desafiantes para el sentido común y para un conocimiento elemental de las normas legales que los lectores de estos reportajes se preguntan, azorados, si no habrá alguna causa psicológica que explique estos comportamientos. Al parecer, los funcionarios que participaron en esta negociación, desde el jerarca del Ministerio de Seguridad hasta sus asesores y funcionarios que la tramitaron, no se formularon las preguntas mínimas y, peor aún, siguieron adelante en este negocio, no obstante las graves advertencias del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sobre la pésima calidad de las patrullas. En nuestra edición del lunes pasado, La Nación ofreció a los lectores una descripción del deterioro manifiesto de dichas patrullas, contratadas a la empresa costarricense Automotores Europeos para Centroamérica, una firma sin experiencia alguna en estos negocios, constituida seis meses antes para esta negociación y que, de inmediato, desapareció. Se trata de patrullas con tecnología de los años 60, con un muestrario de todas las fallas y vicios posibles en vehículos de este tipo, cuya licitación y contratación pone al descubierto la irresponsabilidad y desfachatez de quienes participaron en ella. El propósito no era, evidentemente, la seguridad, sino otras razones. Bien ha hecho, por ello, el actual titular de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, en formular una denuncia penal contra quienes participaron en esta comedia y en esta mofa programada contra el interés público. A partir del 8 de mayo, se han publicado graves denuncias sobre el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública en las administraciones Pacheco y Rodríguez Echeverría. La comparación con el caso del crédito finlandés es inevitable pues, en uno y otro, se vulneran entidades públicas a cargo de funciones esenciales, como la salud y la seguridad de bienes y personas. Desde este punto de vista, la negligencia o la desnaturalización de la función pública, y la desaplicación de principios esenciales de recta administración y de responsabilidad adquieren una gravedad especial. El daño causado, por ello, es muy grande y exige, en consecuencia, una investigación esmerada y sentar la responsabilidad correspondiente. No es posible que estas conductas queden sin sanción.
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