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INA advirtió sobre deficiencias de patrullas rumanas Instituto rechazó oferta porque carros no eran aptos para el uso diarioSociedad aportó datos erróneos del tipo de motor al intentar venta al INA Ronald Moya rmoya@nacion.com El Instituto Nacional de Aprendiza (INA) advirtió deficiencias en los vehículos rumanos marca Aro que el Ministerio de Seguridad Pública adquirió en el 2001 para patrullas que nunca sirvieron. Mecánicos del Instituto examinaron y probaron los autos en carretera cuando la firma Automotores Europeos para Centroamérica (la misma que le vendió a Seguridad Pública 46 unidades en mayo del 2001) intentó colocarlos en el INA en diciembre del 2000.
Ante el informe, el INA excluyó a la compañía del concurso. Los técnicos determinaron que los vehículos no eran aptos para uso diario en aquellos casos en que el conductor los utilizara durante jornadas largas, pues les implicaba más fuerza muscular. Por lo duro, dijeron, "el sistema de embrague se comporta como una unidad de transporte agrícola".
De acuerdo con el estudio, los vehículos tienen una tecnología de los años 60 y fallas eléctricas. En mayo del 2001 el Ministerio de Seguridad adquirió las primeras 14 patrullas Aro, color azul, ofrecidas por Automotores Europeos de Centroamérica. Ese mismo mes se compraron 32 patrullas más del mismo tipo pese a que Seguridad Pública conocía el reporte del INA. El costo total fue de $651.000 (¢211,5 millones en ese entonces) y de $14.152 por unidad. El trámite. El exministro de Seguridad, Rogelio Ramos, dijo que conocieron el reporte del INA. Añadió que inicialmente pidieron a la Proveeduría Nacional (entidad que tramitó la adjudicación del cartel) que tuviera en cuenta, a la hora de adjudicar, el informe negativo del INA. Según Ramos, posteriormente, tuvieron que recomendar la compra de los autos rumanos porque la compañía representante obtuvo el mayor puntaje en la evaluación de las ofertas. Dijo que el precio más barato influyó. Ramos señaló que luego de adquiridos los autos, en octubre del 2001, pidió un dictamen al INA para determinar la condición de las patrullas y posibles defectos de fábrica, pero la entidad declinó hacerlo. Datos erróneos. Según el reporte del Núcleo de Mecánica de Vehículos del INA -del 14 de diciembre del 2000-, el motor que tenían los vehículos rumanos era de inyección indirecta (carburados), mientras que la oferta que presentó la compañía indicaba que eran inyectados. El informe señala que el motor tenía dificultades para arrancar por ser de una tecnología vieja. "Es ruidoso, poca potencia para subir pendientes, humea significativamente, el ensamble de las piezas presenta residuos de silicón en diversos componentes, sin motivo aparente (por ejemplo, en distribución y bomba de agua). El informe agrega que los vehículos disponían de dirección hidraúlica, pero al manejarlo se comportaban como si tuvieran dirección mecánica convencional. Además, si el chofer requería hacer un cambio de marcha debía accionar dos veces y con mucha fuerza la palanca. Acabado defectuoso. El acabado de los accesorios era defectuoso. Algunas piezas del dash y los asientos estaban flojas. "Algunos accesorios como las manillas alza cristales, presentaban el forro levantado. Esto es inconcebible en un carro nuevo", dice el informe. Los mecánicos detectaron que se requería de mucha fuerza para abrir o cerrar las puertas y algunas veces se quedaban trabadas. Cuestionaron el taller ofrecido por la empresa para reparaciones. Como punto final, los mecánicos advierten que la marca Aro estaba en ese momento en proceso de introducción al mercado nacional, "lo que no permite tener un marco de referencia técnico sobre la calidad, eficiencia y rendimiento de los vehículos ofrecidos al INA".
Firma que vendió autos solo existe en el papel La firma Automotores Europeos para Centroamérica, que vendió las 46 patrullas rumanas a Seguridad Pública en mayo del 2001, ahora no tiene ni siquiera instalaciones. La empresa se constituyó el 28 de marzo del 2000 y operó hasta el 2003 en un local cerca de la plaza de La Uruca, en San José, pero ya no hay rastro de la compañía en ese lugar. La licitación, precisamente, la ganó seis meses después de constituida. Fernando Cruz Alfaro, uno de los dos principales dueños de la firma, dijo que él se retiró de la empresa -donde fungía como presidente- tan pronto como le vendieron a Seguridad Pública los primeros 14 vehículos. Alegó que hubo un problema interno con su otro socio. "Después no he vuelto a saber nada de esa compañía", dijo. Mientras, Carlos Alvarado Moya, el otro dueño, quien ejercía la vicepresidencia, está preso, acusado por las anomalías detectadas en el 2004 en el Banco Elca, del cual era propietario. Como presidente de la firma vendedora aparece ahora Rodolfo Bonilla Campos, un vecino de San Isidro de Heredia. Este hombre manifestó por teléfono que su nombre figura en la empresa porque él trabajó como mensajero y le pidieron el favor para inscribir la sociedad. "No tengo nada que ver con la venta de patrullas; fue un favor que me pidieron", expresó. Añadió que cuando quebró la empresa, él se fue sin el pago de las prestaciones. El abogado Harold Meléndez Gamboa, actual fiscal de la sociedad, dijo que no tiene nada que ver con la misma. "Solo firmé para inscribirla", sostuvo. A la Fiscalía. El ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, contó que ayer se comunicó con el fiscal general, Francisco Dall'anese, para adelantarle que en los próximos días formulará una denuncia penal por el caso de las patrullas y otras licitaciones en las que se detectaron irregularidades.
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