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Patrullas compradas a Rumanía resultaron desechables El día de la entrega los vehículos no arrancaron; fueron remolcados con grúaFirma vendedora no tiene bienes para responder por fallas de los automotores Ronald Moya y Nicolás Aguilar R. rmoya@nacion.com La compra de 46 patrullas rumanas a un consorcio tico resultó ser una de las mejores acciones a favor de los delincuentes del país. Los vehículos marca Aro, modelo 2001, color azul, fueron adquiridos en mayo del 2001 en $651.000, pero el día de su entrega la mayoría presentó problemas de arranque y eléctricos que impidió que entraran en operación.
Ese mismo día tuvieron que sacarlos con grúa de un plantel del Ministerio de Seguridad. Otras unidades sí arrancaron pero lo hicieron en medio de nubes de humo, situación que provocó risas entre los policías. Las pocas unidades que funcionaron se quedaron varadas con no más de 3.000 kilómetros recorridos. Seguridad Pública gastó ¢15 millones en reparaciones, pero las unidades volvieron a fallar.
El entonces ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, ordenó guardar las patrullas en un plantel de la Fuerza Pública en el distrito de Guadalupe, Cartago. Ahí permanecen, desde junio del 2005, a la intemperie. Fernando Berrocal, ministro de Seguridad, calificó la compra como "una burla". Criticó que la pasada administración solo ejerciera acciones en el campo civil y no en el penal. "Este engaño no está prescrito y vamos a denunciarlo en el Ministerio Público", anunció.
La compra. Las unidades, marca Aro, de fabricación rumana, se compraron mediante dos licitaciones adjudicadas a la firma Automotores Europeos de Centroamérica, que no tenía experiencia en la venta de autos al Estado. La primera compra se otorgó por 14 patrullas en $180.600 y la segunda por 32 unidades en $470.400. La compañía vendedora se constituyó en marzo del 2000, cuatro meses antes de que se publicara la licitación de las primeras 14 patrullas, en agosto.
La sociedad tenía su sede en el distrito de La Uruca, San José, y sus representantes eran los empresarios Carlos Alvarado Moya y Fernando Cruz Alfaro. Alvarado era presidente del extinto Banco Elca que cerró en el 2004 por demandas de supuestas irregularidades financieras. Alvarado y Cruz firmaron el contrato relativo a las patrullas con Rogelio Ramos. Los procedimientos para la contratación recibieron el aval de la Contraloría General de la República. Daban risa. La vendedora garantizó los autos por los primeros 75.000 kilómetros recorridos. Pero las unidades fallaron el día de su entrega. "Los choferes se reían cuando les decían que con esos carros tenían que perseguir a los delincuentes", dijo un jefe policial. El jefe de Operaciones de la Fuerza Pública, Eric Lacayo, declaró en el Juzgado Contencioso Administrativo que el día que recibieron los vehículos estos emitían mucho humo.
Además, sufrieron pérdidas de potencia del motor, derrames de aceite, desperfectos en los frenos, mal estado de los seguros de las puertas y dificultades para accionar la reversa. En el mismo juzgado, Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública, narró que fue a dejar un vehículo a Upala y que cuando llovió las escobillas no funcionaron. No hay bienes. Aunque Seguridad Pública entabló un juicio civil contra los vendedores, la posibilidad de recuperar el dinero es casi nula. El 18 de noviembre pasado el Juzgado Contencioso condenó a Automotores Europeos y a Fernando Cruz Alfaro a devolver $180.600 pagados por 14 patrullas. Pero desde el 26 de noviembre del 2003, el procurador Omar Mesén advirtió a Ramos de la dificultad para recuperar los fondos "debido a que los demandados no tienen bienes que puedan responder por el incumplimiento". La Procuraduría tramita una demanda por los otros 32 carros.
Vendedor de patrullas detenido desde el 2004 Nicolás Aguilar R. y Rónald Moya naguilar@nacion.com El empresario Carlos Alvarado Moya, quien figuró como vicepresidente de la compañía que vendió autos marca Aro a Seguridad Pública, está preso desde el 23 de julio del 2004. El caso es ajeno a la venta de las patrullas pues el Ministerio de Seguridad Pública hasta hoy no ha interpuesto acciones penales. Alvarado Moya, economista, vecino de Escazú, es investigado por la supuesta comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta. Esas presuntas irregularidades fueron detectadas en una intervención que efectuó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en el banco Elca, el 29 de junio del 2004. La entidad supervisora descubrió un deterioro en la cartera de crédito de ELCA y el otorgamiento de créditos en forma aparentemente irregular. Junto a Alvarado, también fue aprehendido en aquella oportunidad el gerente del banco, Hernán González Peña, quien en el 2000 fungía como tesorero de la empresa Automotores Europeos de Centroamérica S. A. Esta compañía ganó hace seis años dos licitaciones para vender 46 patrullas a Seguridad Pública. Los vehículos sufrieron un rápido deterioro, muchos el mismo día de su entrega a dicha cartera, lo que generó pérdidas millonarias al Estado, según informes del actual ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal. Millonaria fianza.Sergio Bonilla, periodista de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, ante consulta hecha por este diario, informó el viernes de que el Juzgado Penal de Goicoechea, a cargo del caso ELCA, autorizó una fianza a favor de Alvarado Moya. El empresario tendrá que aportar $650.000 o propiedades valoradas en ese monto para salir libre bajo fianza. Según el vocero judicial, representantes de Alvarado estarían finiquitando esa operación en las próximas horas. "Solo faltaba la hipoteca de una propiedad del encartado y parece que está por registrarse a favor del Juzgado de Goicoechea", afirmó Bonilla. No fue posible conocer de qué tipo de propiedad se trata. Eso sí, está valorada en $650.000. El caso del extesorero de Automotores Europeos de Centroamérica, González Peña, es distinto. De acuerdo con Bonilla, hace varios días logró una conciliación y quedó en libertad. No se conocieron los términos de ese arreglo judicial.
Presidente de firma carecía de experiencia en licitaciones Nicolás Aguilar R. y Rónald Moya naguilar@nacion.com Fernando Cruz Alfaro, presidente de Automotores Europeos de Centroamérica S. A., que en el 2000 vendió 46 vehículos marca Aro a Seguridad Pública, reconoció que carecía de experiencia en licitaciones públicas. "Yo había participado en licitaciones pequeñas, a través de los años, pero nada más.", manifestó el jueves en una entrevista con La Nación. La compañía se constituyó el 28 de marzo del 2000 pero su personería jurídica, que le permitía operar legalmente, no se aprobó hasta el 2 de mayo de ese año. Solo seis meses después, Automotores Europeos de Centroamérica S. A. ganó una licitación pública para vender 14 patrullas al Ministerio de Seguridad Pública. Y ese mismo año ganó otra para vender 32 vehículos más. Tal negocio, "fue nuestra primera venta masiva como sociedad", reconoció Alfaro. La empresa no tenía experiencia en el trámite de licitaciones públicas, por lo se recurrió a una "sociedad" para que los asesorara a lo largo del proceso. Alfaro dijo no recordar el nombre de dicho grupo ni la identidad de una persona, con amplios conocimientos en el tema, que intervino en todos los trámites hasta "amarrar" dicha licitación. En aquella época, solo tenía conocimientos en el campo automotor porque laboró durante varios años en dos empresas pioneras en la colocación de autos Ford, BMW y Honda en Costa Rica. "Salieron publicaciones de licitación y entramos al negocio. "Considerábamos que teníamos el vehículo apropiado y, de hecho, una de las ventajas era el factor precio. Nosotros ofrecimos el precio más barato", recordó Alfaro. Relación con banquero. Según este, la empresa Automotores Europeos de Centroamérica S. A. fue constituida con el aporte "técnico y financiero" del banquero Carlos Alvarado Moya, dueño del desaparecido banco ELCA. Incluso viajó con Alvarado a Rumanía para informar a la empresa fabricante de los autos Aro sobre la constitución de la nueva sociedad que la representaría en Costa Rica. Defendió la calidad de las patrullas y atribuyó los daños a exceso de uso o a mala conducción. También figuró como fiscal de la compañía el abogado Juan José Echeverría Alfaro, quien durante la administración Pacheco (1982-1986) se desempeñó como presidente ejecutivo del IFAM. Echeverría aceptó figurar en la compañía por su amistad con Cruz. No tuvo relación con la venta de las patrullas, aseveró.
En pocas palabras: Rogelio Ramos 'Todo resultó ser un fraude' Exministro de seguridad pública La compra de las patrullas le deja una millonaria pérdida al país. ¿Qué opina de esa transacción? Fue un fraude porque los carros tenían vicios ocultos que impidieron utilizarlos en contra de la delincuencia. ¿Por qué otorgaron la licitación a una firma sin experiencia? El hecho de que no tuviera experiencia no permitía sacarlos. Ante una apelación al cartel de licitación, la Contraloría nos obligó a bajar del 20% al 7% el peso de la experiencia y eso permitió que Automotores Europeos obtuviera más puntaje que otras firmas. ¿Lo buscaron los dueños de la empresa para explicarle detalles de la oferta? Nunca me reuní con Carlos Alvarado ni Fernando Cruz. No los he tratado personalmente. ¿Se probaron los carros antes de firmar el contrato? Eso no es usual. Si usted dice que la venta de los carros fue un fraude, ¿por qué no acusó en la vía penal? Nosotros pedimos a la Procuraduría, como abogado del Estado, que tomara las acciones correspondientes para sancionar a la empresa. Ellos decidieron la demanda en la vía civil y ya la compañía fue condenada.
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