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Iglesia, TLC y Gobierno

La diplomacia nacional ha cometido diversos errores en su primera visita al Vaticano

Jorge Arturo Chaves

Este matutino informó el pasado fin de semana sobre la reunión mantenida por el presidente Arias con el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado de la Santa Sede. El titular dice: "Vaticano respaldará libre comercio ante obispos ticos". De ser correcta la información, el mandatario de nuestro país habría pedido al funcionario vaticano "dar una señal a los católicos costarricenses sobre la conveniencia de que este tratado [el CAFTA"] sea ratificado. Para la misma fuente, monseñor Sodano habría prometido hacerlo a través de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y se habría interesado mucho por el tema, dado que "vivió muy de cerca" como nuncio en Chile, el proceso de apertura económica realizado por el dictador Augusto Pinochet. Explicando la petición de don Óscar, el canciller Stagno habría dicho que el Gobierno considera "de mucho interés que la Iglesia entienda que el TLC es un elemento muy importante para el desarrollo futuro de Costa Rica".

Resulta difícil digerir que la diplomacia nacional haya podido cometer tantos errores juntos en su primera visita al Vaticano. El primero es tan evidente que no amerita ulterior comentario: los obispos costarricenses nunca han manifestado estar en contra del libre comercio. Sus llamadas de atención se han referido a las políticas comerciales de los Gobiernos recientes y, en particular, al CAFTA, desde la perspectiva de un comercio justo y solidario. Ni en su caso, ni en el de la mayoría de los costarricenses que se oponen a ese TLC en particular, se confunde el tratado con el principio general de comercio libre. No necesitan que nadie se lo recuerde, y pensar que tienen esa confusión es suponer que su capacidad de análisis es muy reducida.

Otros errores. Los otros errores requieren una explicación. Son temas menos fáciles, aunque es indispensable que la Cancillería y el Ejecutivo estén preparados para manejarlos con claridad. En primer lugar, un Gobierno no puede pedir a la Iglesia -ni a la local, ni al Papa, ni a ninguna instancia eclesial- que se pronuncie sobre temas técnico-científicos como la necesidad de aprobar un tratado comercial, o un proyecto fiscal, por mencionar un par de ejemplos, que además tienen evidentes connota- ciones políticas. La Doctrina Social de la Iglesia ha sido precisa y no deja lugar a dudas cuando afirma que no le corresponde pronunciarse en esos campos.

Su tarea es teológico-moral, ético-religiosa, y en las áreas económica, política y social, lo que realiza es una lectura desde los valores del evangelio, y no desde las perspectivas, por ejemplo, de eficiencia, competitividad o productividad, aunque no los ignore. Podría alegarse que ahora en la visita del Presidente lo que se pidió al Secretario de Estado era aconsejar una posición moral y no técnica. Pero los lectores que estén familiarizados con la materia saben muy bien que los juicios morales de la Iglesia no son arbitrarios, ni depende su valor de la altura del cargo de quien los emite. El Magisterio Social siempre parte de principios evangélicos claros, a la luz de los cuales examina éticamente una realidad concreta -por ejemplo, la de la creciente inequidad que se ha ido extendiendo en el país-, por medio de un discurso de argumentación racional, no voluntarista ni emotivo.

Y aquí se enlaza con el tercer error de bulto. ¿A quién corresponde realizar ese juicio moral a la luz del Magisterio Social de la Iglesia? Desde Pablo VI, (Octogesima Adveniens, 4), ha quedado perfectamente claro que en la Iglesia pronunciar una palabra orientadora, desde la perspectiva moral-religiosa, sobre las situaciones propias de cada país, no es tarea del Romano Pontífice -menos aún de otros funcionarios de la Curia Romana, que son solo colaboradores del Papa, y solo pueden tramitar asuntos en nombre y por autoridad del mismo (CIC 360)-, sino de las comunidades cristianas locales "en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad".

Hay que estar claros de que la Iglesia Católica no es una empresa transnacional que tendría su Junta Directiva y Presidencia en Roma, y que localmente los obispos serían meros gerentes o administradores subalternos. Tampoco puede equipararse la figura del Romano Pontífice a la de un jefe de Estado, y las Iglesias particulares, a circunscripciones subordinadas, que solo ejecutan "políticas de Gobierno o de Estado". Este enfoque deformaría la naturaleza de la comunión eclesial y al ejercicio de la primacía de la potestad ordinaria del Papa que debe fortalecer y defender la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos de las Iglesias particulares (CIC 333).

Un detalle más: los pronunciamientos de los obispos de Costa Rica sobre el DR-CAFTA no son ocurrencias del momento, ni están ligados a peleas electorales locales, ni son episodios aislados eclesiales en el continente. Están en la misma línea de los pronunciamientos sobre el libre comercio de los obispos latinoamericanos (São Paulo, agosto 2004), de los obispos centroamericanos y norteamericanos (Washington, junio 2004), de los obispos andinos y norteamericanos (Washington, febrero 2005) y de los obisposlatinoamericanos y norteamericanos (Washington, setiembre 2005).

En definitiva, que materias tales como las políticas comerciales, y en particular, los tratados de libre comercio, sea que se aborden desde el punto de vista científico-técnico, sea desde el ético-religioso, deben ser discutidas no con fuerza de autoridad, sino con argumentos racionales y de buena base analítica. Y esta discusión debe realizarse en el ámbito nacional, con la participación de todos los grupos o sectores potencialmente afectados. En la discusión del CAFTA están pendientes muchos aspectos de interés ético -relativos a equidad y justicia- y quienes más se interesan en lograr la aprobación del Tratado más deberían interesarse en que esos temas se ventilen y resuelvan cuanto antes.

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