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Piñata arrocera Alejandro Urbina aurbina@nacion.com Director Los subsidios, esos auxilios que otorga el Estado a grupos de personas supuestamente en desventaja, siempre generan distorsiones y esconden la ineficiencia y, en muchos casos, promueven la corrupción. Envueltos en la bandera de la justicia, algunos políticos impulsan iniciativas públicas para beneficiar a algún grupo numeroso de "necesitados" a costa de otro más pequeño, pero, sobre todo, más silencioso. En Costa Rica pululaban subsidios de todo tipo establecidos por el tradicional clientelismo político. El proteccionismo arancelario para la sustitución de importaciones, los certificados de abono tributario a los exportadores, la gasolina exonerada a los pescadores, las exenciones impositivas a las inversiones turísticas y un sinnúmero de distorsiones cimentaron el clientelismo durante décadas. Aunque, a primera vista, algunos de estos programas de ayuda gubernamental impulsen el desarrollo de un sector, en muchos casos terminan en abuso por corruptos inescrupolosos. Poco a poco, esas fuentes de corrupción se han ido limpiando. Sin embargo, de vez en cuando resurgen iniciativas protectoras de "pobrecitos", cuyos verdaderos intereses se esconden en las propuestas. En cada subsidio unos pagan para que otros disfruten. En teoría, el costo se distribuye entre unos pocos con alto poder adquisitivo para concentrar el beneficio entre muchos con desventajas. A veces, sin embargo, ocurre lo contrario. La aparente progresividad -pagan más los que más tienen- del cacareado subsidio se transforma en una inexorable regresividad -reciben más los que más tienen en perjuicio de los que menos poseen-. Precisamente eso ocurre con el adefesio corporativo arrocero: miles de consumidores de bajos recursos compran arroz más caro para beneficiar a unos cuantos grandes productores. Diz que para proteger a los pequeños arroceros, se establecieron altos aranceles, se limitó la importación del grano industrializado y se fijó el precio en el mercado nacional: tres medidas en contra del consumidor. Como el consumo nacional de arroz no satisface la demanda, se permitió la importación del faltante. Sin embargo, se otorgó el monopolio de la importación de arroz -exento de aranceles- a la Corporación Nacional Arrocera, Conarroz. Esto le genera a Conarroz jugosas e injustificadas entradas a costa de los consumidores. En lugar de distribuir las ganancias del absurdo sistema entre los más necesitados -los consumidores de menores ingresos-, los arroceros, con sus influencias políticas, lograron que por decreto se les permitiera repartírselas entre ellos. Ahora pretenden convertir el cuestionado decreto en ley. Así, la Asamblea Legislativa legitimará el irracional precio nacional del arroz del que disfrutan los principales productores del grano. Una de las proponentes de esta ley es precisamente la diputada alajuelense del Partido Acción Ciudadana, Nidia González. En el 2003, cuando estaba vigente el decreto, la diputada y su esposo recibieron más de $16.000 por su condición de productores de arroz. Ahora la diputada del PAC pretende convertir en ley la piñata arrocera de la que hace tres años gozó. La mayoría del tiempo no se sabe para quién trabajan los diputados. En este caso del arroz, ya estamos advertidos: detrás de cada subsidio se esconde un interés, muchas veces uno particular. El PAC, tan amigo de estos auxilios estatales, y cualquier otro partido con inclinaciones similares harían bien en escudriñar las verdaderas intenciones de los proyectos que presentan sus diputados. Lo que no pudieron evitar que se colara en las distritales deben impedirlo en el Congreso.
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